CIDH celebró audiencia sobre Caso Jimmy Guerrero y Ramón Molina Pérez

04-04-2016. COFAVIC y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 4 de abril como peticionarios en audiencia sobre el Caso 12.805 Jimmy Guerrero y Ramón Antonio Molina Pérez, relativo a la presunta ejecución extrajudicial de ambas víctimas por parte de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón el 29 de marzo de 2003.

En la audiencia de este lunes, Jean Carlos Guerrero, hermano de Jimmy Guerrero, relató los hechos, la impunidad que ha prevalecido y los efectos que este suceso dejó en su familia. Enfatizó que el caso refleja un patrón de actuación de los cuerpos policiales del estado Falcón, que de acuerdo al Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos del estado Falcón (COPRODEH), arrojó un saldo de 260 víctimas hasta el año 2008. “Agradezco a la Comisión esta oportunidad de hablar de mi caso… hoy soy la voz de 260 familias víctimas en el estado Falcón”. Señaló, además, que luego de 13 años el caso de su hermano Jimmy Guerrero y de su tío Ramón Molina se encuentra en etapa de investigación.

Los mencionados hechos ocurrieron en un contexto de actuación del fenómeno conocido en Venezuela como grupos parapoliciales, también denominados grupos exterminio. Según cifras oficiales vinculadas a dicho contexto, entre 2000 y 2008 el Ministerio Público conoció 8.350 casos de ejecuciones extrajudiciales, lo que representó un promedio para ese momento de 1044 casos por año. Estos grupos, aun en existencia, están conformados por funcionarios policiales pertenecientes a distintos cuerpos de seguridad (nacionales, estadales y municipales), quienes justifican su actuación en los altos índices de inseguridad y de acuerdo a la información recabada, se dedican a labores que ellos mismos han denominado de “profilaxis social”.

Bajo este patrón, los funcionarios identificaban a los presuntos delincuentes y usaban estas prácticas para dirimir conflictos personales, sobornar y hostigar a diferentes personas que serían finalmente víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y extorsiones.

Luego de la exposición del testigo Jean Carlos Guerrero, el Estado venezolano se abstuvo de presentar información sobre el caso, alegando la imposibilidad de los representantes designados a comparecer en la audiencia por razones de visado. El Presidente de la CIDH Jamen L. Cavallaro, antes de iniciar la sesión de preguntas por parte de los comisionados presentes, elevó un reconocimiento a la víctima por su lucha y por su iniciativa de acompañar a otras familias en el estado Falcón que han vivido situaciones similares a la relatada en la audiencia.

Posteriormente, en la etapa de alegatos, Liliana Ortega, representante de la organización peticionaria COFAVIC, presentó el contexto en el que se desarrollaron los hechos: “El caso de Jimmy Guerrero no es un hecho aislado, lamentablemente tiene vigencia porque la impunidad y la violencia no han cesado en el país”. En Venezuela, a la fecha, se evidencian reiteradas e infructuosas políticas en materia de seguridad ciudadana que agravan la crisis de violencia e inseguridad.

Una muestra de esta situación es el reciente caso ocurrido en la población de Tumeremo, estado Bolívar, las 245 víctimas reconocidas por el Estado venezolano en el marco de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) y las 2310 personas detenidas en solo 7 meses sin que exista sobre estos últimos hechos información pública sobre el inicio de investigaciones de oficio por parte del Ministerio Público, señaló Ortega.

Así mismo, enfatizó en el temor que presentan las víctimas de violaciones a los derechos humanos a sufrir represalias ulteriores si interponen sus denuncias, así como en la pérdida sistemática de la credibilidad e independencia de los órganos de seguridad ciudadana y de investigación: “Los hechos relativos al Caso Jimmy Guerrero y Ramón Molina, se analizan en un momento donde progresivamente en Venezuela se ha reducido la tutela judicial a las víctimas. Una muestra de ello la denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 2013 y la reforma al Código Orgánico Procesal Penal del año 2012, donde se eliminó la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos interpongan querella en contra de funcionarios policiales y militares vinculados a presuntas violaciones a los derechos humanos”, destacó Ortega.

En cifras de COFAVIC de acuerdo a un monitoreo que realiza anualmente sobre ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, durante el año 2015 se contabilizaron 1396 casos, lo que supone un aumento del 37% respecto al 2014.

Por otro lado, Francisco Quintana de CEJIL en la audiencia, expresó: “El caso se trata de 18 víctimas y no sólo de dos personas ejecutadas. Tanto Jimmy Guerrero como Ramón Molina eran padres y cabezas de familia. Jimmy Guerrero dejó 4 hijos huérfanos, el menor de ellos de 3 meses de nacido”.

Quintana, apoyado en un análisis de las pruebas y diligencias que han adelantado los órganos competentes en el expediente de Caso Jimmy Guerrero en Venezuela, ilustró las graves deficiencias del Estado Venezolano en el cumplimiento de las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, uso proporcional y diferenciado de la fuerza pública, así como los vacíos y dilaciones por parte de los organismos de investigación criminalística en el mencionado caso, al respecto señaló: “El caso evidencia la impunidad como modus operandi”.

Hizo un llamado a la Comisión Interamericana a brindar resguardo a las víctimas que acuden ante esta instancia, además de exigir respeto para las mismas y sus solicitudes por parte de los organismos de investigación del Estado para evitar daños adicionales.

Por último, Jean Carlos Guerrero y los peticionarios COFAVIC y CEJIL solicitaron en la audiencia que el caso sea elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se inste al Estado venezolano a brindar garantías de no repetición en el presente caso, de manera tal de que en ese espacio, se aseguren medidas de reparación integral para las víctimas.

Hasta la fecha no existe ninguna imputación y el caso permanece en etapa de investigación luego de 13 años.

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