ESPECIAL Reporte sobre muertes violentas de mujeres en 2023
En Venezuela la crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja han puesto de relieve el impactos diferenciado en mujeres y niñas. En el país no existe un marco legal suficientemente adecuado para tramitar e investigar eficazmente las denuncias de casos de violencia contra la mujer por parte de los funcionarios. Tampoco los procesos judiciales se cumplen en tiempos razonables, ni se aplican de manera efectiva las medidas de protección para víctimas, tal y como lo señaló en el año 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia López Soto y otros (Linda Loaiza) vs Venezuela. Pese a que el Estado ha ratificado los principales instrumentos internacionales relacionados, estos no se han traducido en políticas públicas efectivas que protejan a las mujeres y las niñas víctimas de todas las formas de discriminación. Son escasos los programas y proyectos orientados a su protección, recuperación y al abordaje desde un enfoque interseccional de las normas sociales y de género discriminatorias que promueven la desigualdad de género y afectan la toma de decisiones de las mujeres. Asimismo, el deterioro y/o falta de entornos protectores y la debilidad de oportunidades educativas y de empleos que permitan su desarrollo económico, la falta y/o deterioro de los principales medios de vida sostenibles, han impulsado un proceso de migración interna y externa de millones de mujeres venezolanas. Esto las expone a mayores riesgos como la trata, reclutamiento, explotación sexual y laboral. En este difícil contexto, debido a la falta de publicación de cifras oficiales relativas a presuntas muertes violentas de mujeres (feminicidios) ocurridas en Venezuela, COFAVIC realiza desde el 2017 un monitoreo a escala nacional de forma periódica e independiente. En el último reporte publicado se contabilizó un total de 2098 casos acumulados entre 2017 y 2022.
Nuestra metodología de estudio está fundamentada en las conceptualizaciones y principales términos de uso de los estándares establecidos por el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio) de Naciones Unidas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, así como lo determinado por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención Belem Do Para, del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
El monitoreo que realiza COFAVIC se basa en información hemerográfica y publicaciones recopiladas y analizadas de medios digitales sobre casos de muertes violentas de mujeres ocurridas en Venezuela. En el mismo, se registran los datos publicados en 33 medios de comunicación y portales digitales de 17 estados del país.
La metodología empleada permite identificar los principales patrones en casos de muertes violentas de mujeres, categorizadas por fecha, ubicación geográfica de los hechos y lugar en el que ocurrió cada muerte; los datos correspondientes a las víctimas (edad, ocupación, presunto responsable, presunto motivo de la muerte). Igualmente, el registro permite identificar y clasificar a las mujeres víctimas de acuerdo con determinados grupos específicos considerados en especial vulnerabilidad: indígenas, adulta mayor, perteneciente a colectivos LBTI, migrante, mujer en condición de indigencia, entre otros.
Debido a la falta de publicación de cifras oficiales relativas a presuntas muertes violentas de mujeres (feminicidios) ocurridas en Venezuela, COFAVIC desde el 2017 realiza de forma periódica e independiente un monitoreo a escala nacional. En el último reporte publicado se contabilizaron un total de 2098 casos de presuntas muertes violentas de mujeres en el país en el período 2017 – 2022. Del total de casos registrados, 1187 (57%) corresponde a mujeres entre 18 y 40 años de edad, 373 casos (18%) corresponden a mujeres de 41 a 60 años, 357 casos (17%) a niñas menores de edad, y finalmente 181 casos (9%) de mujeres con 61 años o más. Ver informe anterior
Venezuela cuenta con la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (1999) y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV), promulgada en 2007, reformada en 2014 y luego en 2021. Es importante destacar que no fue sino hasta la reforma de 2014 cuando se incorporaron los delitos de femicidio e inducción o ayuda al suicidio. En todos estos casos, las leyes nacionales reconocen la violencia contra las mujeres como un delito que afecta el orden público, un asunto de derechos humanos, de salud pública y educación, aunque aún no existen planes ni acciones concretas para reducirla y/o erradicarla.
En la reforma de 2021 a la LODMVLV si bien se incorporaron nuevos tipos legales, también se eliminó la mención expresa a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o Convención de Belém do Pará, que había sido ratificada por el Venezuela en 1995. A juicio de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) esa decisión “evidencia el desinterés del Estado en atender sus obligaciones internacionales en el ámbito interamericano. En este sentido, insta a observar las obligaciones adquiridas a la luz de este instrumento, así como a implementar esta ley con apego a dichas obligaciones y a las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Soto y otros vs. Venezuela”.
Salud
Según estableció la CIDH:
Indicadores del monitoreo año 2023
Principales causas de muerte
2023: significativo aumento de muertes violentas de niñas y adolescentes
Los presuntos feminicidios de niñas y adolescentes registraron un aumento de 38% en el año 2023 con respecto al monitoreo COFAVIC 2022. La existencia en Venezuela de altos niveles de inseguridad y violencia afectan de manera directa y diferenciada los derechos de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencia. Adicionalmente, la crisis humanitaria ha tenido un impacto directo en los medios de subsistencia en las familias, así como en las condiciones necesarias para el acceso efectivo y de calidad a la salud y la educación. Este incremento en el número de muertes violentas de niñas y adolescentes se da en un contexto marcado por la migración, la separación de las familias y el abandono por razones económicas.
Dentro de los datos analizados del año 2023, se registró la muerte violenta de 91 niñas y adolescentes menores de 17 años, lo cual representa el 20% del total registrado. Es importante destacar que esta cifra ha experimentado un notable aumento de 50% con respecto al año 2022, con un total acumulado de 191 casos durante el período 2021-2023. En lo que respecta a la distribución etaria de las niñas y/o adolescentes presuntamente víctimas para el año 2023 encontramos que, en 39 casos (43%), las edades de las niñas presuntamente asesinadas oscilaban entre 0 y 6 años de edad; 21 casos (23%) se ubicaban en el rango entre 7 a 12 años; y se registraron 31 presuntas muertes de adolescentes en edades entre 13 y 17 años (36%). La mayoría de estas niñas y/o adolescentes, de acuerdo con el análisis del contexto descrito en las notas de prensa procesadas para el estudio, murieron en circunstancias violentas. Las causas de muerte más destacadas: asfixia (24 casos, 26%), arrollamiento (11 casos, 12%), golpizas (11 casos, 12%) y 10 casos (11%) ocurrieron por complicaciones de salud, producto de lesiones recibidas en presuntos hechos de violencia o debido a falta de cuidado o atención oportuna. En 11% de los casos no se pudo identificar la causa de la muerte y en el 28% de los casos restantes las niñas y/o adolescentes murieron por otras causas como quemaduras (8 casos, 9%), traumatismos (7 casos, 8%), heridas por arma de fuego (6 casos, 7%), envenenamiento (2 casos, 2%) y explosión (2 casos, 2%). Ver más
Niñas y adolescentes: cantidad de casos según año
2023
2022
2021
Niñas y adolescentes: elementos de contexto
Perspectiva geográfica
Los estados con mayor incidencia de presuntos asesinatos de mujeres fueron: Aragua con 58 casos (13%), Miranda con 55 (12%), Carabobo con 50 (11%), Distrito Capital con 32 (7%). El segundo grupo de estados con mayor número de registros fueron: Lara con 30 (7%), Zulia con 29 casos (7%) y Anzoátegui con 26 casos (6%). En el tercer grupo encontramos a los estados: Trujillo con 21 (5%), Bolívar con 18 (4%), Táchira con 17 (4%) y Falcón con 15 (3%). El porcentaje restante se encuentra distribuido entre los otros 13 estados, con porcentajes inferiores a los señalados. Al comparar los resultados, los estados Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital y Miranda siguen siendo las regiones geográficas de Venezuela con el mayor número de registros de muertes violentas. Este patrón se ha venido registrando desde el año 2022, con cifras que superan las 26 muertes por año.
