Alto representante Borrell: los resultados deben ser completos e independientemente verificables para ser reconocidos
Acojo con satisfacción la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, de hacer público el informe provisional del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas. El Grupo fue invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a evaluar el desarrollo general de las elecciones en el marco del Acuerdo de Barbados. Este oportuno informe arroja luz sobre el proceso electoral y destaca la falta de fundamentación de los resultados anunciados por las autoridades venezolanas.
El informe establece que el día de las elecciones, el 28 de julio, tuvo lugar en un entorno en gran medida pacífico y estuvo logísticamente bien organizado. Sin embargo, el anuncio del resultado de las elecciones sin la publicación de sus detalles o la publicación de los resultados tabulados a los candidatos es extremadamente preocupante. El informe aclara que el CNE aplazó y posteriormente canceló tres auditorías postelectorales clave. Concluye que «el proceso de gestión de resultados del CNE no alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles».
También tomo nota de que el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas confirma, en consonancia con las revisiones y evaluaciones de varias organizaciones independientes, la fiabilidad de las copias de los registros electorales publicados por la oposición. Según estas copias publicadas de las «actas», Edmundo González Urrutia parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa.
En una democracia, los resultados deben ser completos e independientemente verificables para ser reconocidos. En este momento crítico, la Unión Europea reitera su llamado a las autoridades electorales venezolanas para que publiquen y verifiquen de forma independiente los registros electorales. La comunidad internacional debe defender el proceso democrático y garantizar las condiciones para que el pueblo venezolano ejerza sus derechos civiles y políticos.
Acogemos con beneplácito los esfuerzos de los socios regionales para promover un diálogo liderado por Venezuela que refleje la voluntad del pueblo expresada en las urnas, brinde garantías a ambas partes y conduzca a una transición democrática. Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única manera de que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la actual crisis humanitaria y socioeconómica. Las autoridades venezolanas deben poner fin a las detenciones arbitrarias y la represión contra miembros de la oposición y la sociedad civil, y liberar a todos los presos políticos.
