Grupo experto independiente de la ONU solicitó cese de restricciones a la defensa de derechos
Un grupo de expertos independientes* expresó su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Varios órganos de vigilancia, incluidos los observadores electorales invitados por el Gobierno, denunciaron la falta de transparencia y veracidad.
“Constatamos un alto grado de indefensión entre los ciudadanos, los defensores de los derechos humanos, las personas implicadas en el trabajo social y comunitario, los periodistas y todas las personas percibidas como opositoras. La información recibida indica que esta situación se produce en un contexto caracterizado por el uso arbitrario del sistema de justicia penal por parte de la Fiscalía General de la Nación contra estos grupos, la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la corrupción rampante, la impunidad y la falta de un poder judicial independiente capaz de investigar graves violaciones de derechos humanos», dijeron los expertos.
Los expertos señalaron que antes, durante y después de las elecciones, se registró una serie de violaciones que incluyen detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, ejecuciones ilegales, desapariciones forzadas, hostigamiento, despidos ilegales, persecución y procesamiento de opositores políticos, percibidos como opositores y personas que ejercen sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, así como violaciones al debido proceso.
Señalaron además que después de las elecciones, las personas se movilizaron pacíficamente para expresar su descontento por las irregularidades electorales. En este contexto, habían recibido informes de más de 1300 detenciones arbitrarias, incluidas de niños, niñas, adolescentes, ancianos, personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres, Lgbtiq+.
La aprobación de una ley nacional para el control de la sociedad civil no hará más que endurecer las restricciones al derecho a la libertad de asociación, advirtieron los expertos, lo que se suma al uso indebido existente de cargos de terrorismo ante una jurisdicción especial de terrorismo. También señalaron las restricciones de algunas de las principales plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
“Existe evidencia de un patrón sistemático de violaciones de los derechos humanos, que afecta el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquier persona que sea crítica con el Gobierno”, dijo el grupo experto. Hicieron un llamado a las autoridades para que pongan fin de inmediato a estas prácticas; garanticen la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente; pongan fin a los actos de censura y otras formas de acoso; impulsen investigaciones independientes de todas las violaciones de los derechos humanos. Señalaron también que las empresas, como los proveedores de Internet y las aplicaciones de software, no deben permitir ni facilitar esas violaciones.
Los expertos están en contacto con el Gobierno de Venezuela sobre estas cuestiones.
En los últimos cinco años, los expertos enviaron al menos 22 cartas al Gobierno, que muestran un contexto general de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos; la mayoría de ellas no recibieron respuesta.
*Firman:
Sra. Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Sra. Cecilia M Bailliet, Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Sra. Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados; Sra. Aua Baldé (Presidenta-Relatora), Sra. Gabriella Citroni (Vicepresidenta); Sra. Grażyna Baranowska y Sra. Ana-Lorena Delgadillo Pérez, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Sra. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Sra. Heba Hagrass, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Sr. Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Sr. Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Sra. Irene Khan, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión; Sra. Laura Nyirinkindi (Presidenta), Sra. Claudia Flores (Vicepresidenta), Sra. Dorothy Estrada Tanck, Ivana Krstić y Haina Lu, Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Sr. Jose Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Sra. Fernanda Hopenhaym (Presidenta), Sra. Pichamon Yeophantong, Sr. Damilola Olawuyi, Sr. Robert McCorquodale y Sra. Lyra Jakulevičienė, Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.
