El tema de los defensores de los derechos humanos ha estado en la agenda de las Naciones Unidas (ONU) durante varias décadas. Después de más de 13 años de negociaciones, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos en 1998. Esto fue un logro histórico. Fue el primer instrumento de las Naciones Unidas que reconocía concretamente la importancia y la legitimidad del trabajo de los defensores de los derechos humanos, así como la necesidad de una mejor protección. La adopción de la Declaración ha facilitado el reconocimiento de los defensores de los derechos humanos y el aumento de su visibilidad, que también allanó el camino para la creación de un mecanismo para su protección. El mandato fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos en 2000. El primer titular de este mandato fue un Representante Especial del Secretario General sobre defensores de los derechos humanos, y a partir de 2008 un Relator Especial ha sido nombrado por el Consejo de Derechos Humanos. Gracias a la labor del Representante Especial y de los relatores, así como de los defensores de los derechos humanos, ahora sabemos mucho más sobre su valioso trabajo y su situación, por ejemplo, el impacto de la legislación de seguridad en caso de emergencia, su papel en los procesos de paz y en los países en transición. También sabemos más sobre cómo las restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica impactan su trabajo.

El modo en que el proceso fue iniciado

Este asunto se mencionó por primera vez en una resolución de 1980 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la predecesora del actual Consejo de Derechos Humanos. Se trata de la Resolución 1980/23, una resolución que hizo un llamamiento a todos los gobiernos para «alentar y ayudar a las personas y órganos de la sociedad en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades, a fin de promover el respeto efectivo de los derechos humanos.» Esta iniciativa debería leerse en el contexto de un período específico, cuando el discurso de los derechos humanos iba adquiriendo cada vez más importancia en la Guerra Fría. En 1975, estados de ambos bloques (del este y el oeste) adoptaron el Acta Final de Helsinki durante la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE). Se declaró en el Acta Final de Helsinki que los derechos humanos son un principio de las relaciones internacionales. Este documento de hecho contiene algunas formulaciones que luego figuraron en la Declaración de 1998. Por ejemplo, los Estados miembros confirmaron el «derecho de las personas a conocer y ejercer sus derechos y deberes en este campo [de los derechos humanos].»

En el período siguiente, los disidentes soviéticos lograron establecer fuertes lazos con activistas y gobiernos del oeste, de forma que se hizo pública la represión de la Unión Soviética. Tras una oleada de detenciones en 1977, las siguientes conferencias de la CSCE fueron utilizadas cada vez más por los gobiernos occidentales como un foro para condenar públicamente a la Unión Soviética por las violaciones de los derechos humanos y citar por su nombre a un gran número de activistas perseguidos en Europa Oriental. El Acta Final de Helsinki, por lo tanto, pasó a ser un importante apoyo para los disidentes soviéticos, que, a su vez, dio lugar a la Resolución 1980/23 de la Comisión de Derechos Humanos y su proceso de seguimiento. Un elemento crucial de la resolución fue el reconocimiento de que la aplicación efectiva de las normas internacionales de los derechos humanos depende de la labor de los activistas y los grupos de la sociedad civil, tanto dentro como fuera de sus correspondientes Estados miembros, y que, debido a dicho trabajo, estas personas estaban expuestas a un mayor riesgo de sufrir represión.

En este contexto, una Subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos presentó una serie de principios rectores en marzo de 1984. En una iniciativa de Canadá y Senegal, la Comisión de Derechos Humanos solicitó un grupo de trabajo encargado de preparar una declaración sobre este tema. El Grupo de Trabajo existió hasta 1998 y fue abierto a la participación de todos los Estados. Además, numerosas ONG internacionales participaron también en las negociaciones como participantes o con funciones consultivas. De este modo estaban contribuyendo al desarrollo del activismo de derechos humanos a nivel transnacional, en lugar de solo nacional, que empezó en los años 70. Se desarrollaron redes entre los países de las ONG de derechos humanos y los disidentes del bloque Oriental, América Latina y Sudáfrica. Estas redes fueron principalmente usadas para intercambiar información sobre las violaciones de los derechos humanos. En las democracias occidentales, se formaron pequeños grupos de acción que promovieron específicamente los derechos para las personas perseguidas como Andréi Sájarov, Nelson Mandela, quienes se consideraron «destacados mártires de la causa de los derechos humanos.» En el marco de las Naciones Unidas, los representantes de varias ONG, por tanto, buscaban un reconocimiento de la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo y a exigir condiciones previas necesarias como la libertad de reunión y el acceso a la información y la financiación.

Fuente: Presentación realizada por Peter Wille, asesor especial de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Noruega, exrepresentante de Noruega (1995-1998) en el Grupo de Trabajo que preparó la Declaración, y presentador oficial del proyecto de resolución sobre la Declaración ante la Asamblea General de Naciones Unidas para su adopción en diciembre de 1998. Wille expuso este contenido en el evento por los 20 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, organizado por la Embajada de Noruega, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Cancillería colombiana, el 13 de diciembre de 2018, en Bogotá.

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