28 de marzo de 1995
Se presenta la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se presenta la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Inició la tramitación del caso, como resultado de la denuncia presentada el día anterior. La CIDH solicitó la información pertinente a Venezuela.
El Estado solicitó a la CIDH un plazo adicional para dar respuesta a la solicitud de información.
La solicitud del plazo fue acogida por la CIDH.
El Estado respondió a la CIDH con el envío de un examen preliminar. Señaló la complejidad y el número de reclamantes, e indicó que continuaría suministrando información complementaria.
La CIDH transmitió a los peticionarios la respuesta del Estado sobre el caso.
El Estado suministró a la CIDH información adicional sobre el caso. Esta consistía en una copia del Informe del fiscal general de la República de Venezuela del año 1990 y dos comunicaciones del exfiscal General de 20 de diciembre de 1989 y 31 de enero de 1990.
Los peticionarios remiten a la CIDH sus observaciones a la respuesta del Estado.
La CIDH acusó recibo de las observaciones de los peticionarios y las transmitió al Gobierno de Venezuela para su respuesta.
Se realiza la primera audiencia pública sobre el caso, solicitada por los peticionarios.
La CIDH se puso a disposición de las partes para la búsqueda de una solución amistosa. Este procedimiento resultó infructuoso.
El gobierno rechaza el proceso conciliatorio y solicita que se suspenda el trámite del caso por un año y medio.
Se celebró una segunda audiencia pública. Rindió testimonio Yris Medina Cova. Comparecieron representantes de COFAVIC, CEJIL y el Estado.
La CIDH aprobó el Informe 83/98 durante su 100° Período Ordinario de Sesiones, decidiendo el sometimiento del caso a la Corte IDH.
El Informe 83/98 fue transmitido al Estado, solicitando la adopción de recomendaciones dentro de un plazo de dos meses.
El Estado solicitó una prórroga de 60 días para notificar al nuevo gobierno sobre el informe y conocer sus directrices para dar cumplimiento a las recomendaciones.
El Presidente Hugo Chávez Frías se dirigió a la CIDH, señalando que instruyó llegar a una solución "honorable, plena y satisfactoria".
Los peticionarios solicitan someter el caso a la Corte IDH, indicando que la gravedad de los hechos no permite una solución amigable compatible con la Convención.
Venezuela notificó formalmente el cumplimiento de las recomendaciones (Informe No. 83/98). La CIDH, al valorarlo, decidió confirmar el sometimiento a la Corte IDH.
La demanda fue sometida al conocimiento de la Corte IDH. La CIDH designó a sus delegados y asistentes (incluyendo a Liliana Ortega de COFAVIC).
La Secretaría notificó al Estado la demanda y sus anexos, e informó sobre los plazos para nombrar agentes y responder.
El Estado designó al señor Raúl Arrieta Cuevas como agente y al Embajador Noel García Gómez como agente alterno.
El presidente de la Corte IDH emitió una resolución convocando a las partes a una audiencia pública para el 22 de septiembre de 1999.
Se resolvió dejar sin efecto la convocatoria anterior y se postergó la audiencia debido a conflictos de agenda de los delegados.
Se celebró la audiencia pública sobre el caso. Venezuela reconoció los hechos y aceptó plenamente su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos.
El Estado presentó 79 documentos como elementos de información referentes.
La Corte IDH consideró el cese de la controversia y concluyó que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por violaciones a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, y protección judicial, en concordancia con la Convención Americana.
Reconoció que el allanamiento efectuado por Venezuela es un aporte positivo al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Después del reconocimiento de responsabilidad asumido por el Estado, se procedió a examinar las peticiones de la CIDH en relación a las reparaciones y costas.
Sin embargo, hasta la fecha, las cifras reales del Caracazo continúan siendo una deuda del Estado. Una verdad que, como muchas otras, aún sigue oculta.