Hechos generales - COFAVIC

Gaceta oficial 1989

La vitrina que se desvaneció

El 27 de febrero de 1989, las calles de Caracas amanecieron revueltas. Ese día, las medidas de ajuste económico – dictadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez el día 16 – entraron en vigencia. El gobierno pretendía refinanciar la deuda externa a t ravés del Fondo Monetario Internacional, para lo cual subió el costo de subsidios como la gasolina, a cuyo precio le aumentaron 30 céntimos. Las primeras reacciones vinieron de los conductores del transporte público superficial, quienes, como gremio, acord aron con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones un incremento de 30% a la tarifa del pasaje interurbano desde el 1 de marzo. Sin embargo, los chóferes de Guarenas se anticiparon y, con ellos, empezó la revuelta.

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Aunque se desconoce la exactitud de cómo comenzaron los disturbios y no abundan detalles específicos al respecto –pues aún el número de personas involucradas es indeterminado–, todas las versiones señalan a Guarenas, una ciudad satélite al este de Caracas, en el estado Miranda, como el punto de inicio. Entre las 5 y 6 de la mañana tuvo que haberse producido el desencuentro entre los pasajeros y el chofer de algún vehículo. La discusión se propagó y se fue convirtiendo en una manifestación cada vez más grande, que se expandió hacia el área metropolitana de Caracas al final de la mañana. Ese día, un sector de la Policía Metropolitana se encontraba en huelga, razón por la cual no intervino ni controló la situación.

Las acciones de los manifestantes iban desde la quema de unidades de transporte urbano hasta el saqueo y la destrucción de locales comerciales, lo que generó daños a propiedades públicas y privadas. En la tarde, el país estaba encendido: se reportaban protestas en las ciudades La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Guayana, Mérida y Maracaibo, la mayoría en sitios adyacentes a terminales de autobuses. La espontaneidad parecía estar articulada. El ministro de Defensa ordenó la movilización de los militares: 9.000 efectivos, con edades entre 17 y 18 años, reclutados en el interior ese mismo mes. Estaban equipados con armas de asalto FAL (Fusil Automático Ligero), pistolas 9mm y vehículos blindados AMX-13.

Al día siguiente, 28 de febrero, desde Miraflores se emitió el Decreto N° 49, que ordenó la suspensión de las garantías constitucionales –libertad individual (artículo 60.1, 2, 6 y 10), inviolabilidad de domicilio (artículo 62), libertad de tránsito (artículo 64), libertad de expresión (artículo 66), derecho a reunión (artículo 71) y derecho a la manifestación pacífica (artículo 115), las cuales no fueron restablecidas hasta el 22 de marzo. Fueron 23 días bajo el control castrense.

La población debía permanecer en sus casas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Los cuerpos de seguridad del Estado tuvieron el control del territorio y de la población durante 3 semanas. De forma simultánea, se ejecutaron operativos policiales para reprimir la violencia y hallar a los posibles culpables e incitadores. Algunas agrupaciones políticas de izquierda fueron señaladas. Miembros de organizaciones sociales y religiosas, vinculados a la teología de la liberación, también fueron arrestados. El Plan Ávila, como se llamada la operación, tenía sus orígenes en los años 60, cuando el país se encontraba asediado por los grupos armados irregulares de izquierda radical, movidos por la Revolución cubana.

De acuerdo con las cifras oficiales publicadas en el momento, aquellos sucesos no sólo dejaron importantes pérdidas materiales, sino también un saldo de 276 muertos, varios lesionados y desaparecidos. Una lista de agravios que no reflejó la realidad: pues, con la aparición de fosas comunes y las investigaciones realizadas desde el comienzo por el Comité de Familiares Víctimas del Caracazo (Cofavic), se concluyó que el número fue mayor al señalado. En la mayoría de los casos, las muertes se ocasionaron por disparos de los organismos del Estado y ejecuciones extrajudiciales de las que fueron víctimas hombres, mujeres y niños inocentes, sin haber participado en ello.

Las pesquisas que hicieron las organizaciones no gubernamentales en el momento reflejaron que, entre las víctimas, se incluyeron 7 menores de edad y 5 mujeres; que, de los 43 casos investigados hasta entonces, 18 casos ocurrieron a partir del 1 de marzo, cuando el Plan Ávila impuso el orden y el gobierno aseguró mantener la situación controlada. 11 de las víctimas fallecieron en casa, 5 de ellas dentro del horario impuesto por el toque de queda. Las otras 7 fueron ejecuciones extrajudiciales. 14 recibieron disparos en el cráneo, 3 en el cuello, 14 en el tórax y 5 en la espalda. 4 víctimas fueron desaparecidas, después de encontrarse en una zona controlada por las fuerzas del orden. 32 de estos casos se sometieron a tribunales militares.

Sin embargo, algo no andaba bien con esas cifras. Días después del Caracazo, el Estado ordenó la inhumación de un número indeterminado de cadáveres en los sectores Peste I y Peste II de Cementerio General del Sur, en Caracas. Esto puso en tela de juicio el número oficial de víctimas. Al enterarse de lo sucedido, los familiares reclamaron a los cadáveres. Al principio, funcionarios públicos negaron la existencia de las fosas, pero las pruebas presentadas ante órganos judiciales comprobaron las sospechas. Los familiares reunidos en Cofavic, demostraron ante la justicia venezolana la pretensión que había por desvirtuar las cifras de los afectados en los disturbios de febrero del 1989.

Casi dos años después, tras un proceso de presión interna por parte de las organizaciones y los familiares con la colaboración de expertos, el 28 de noviembre de 1990, se hizo pública la aparición de los primeros restos en la parcela número 6 norte del Cementerio General del Sur, por parte del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Esto tras haber realizado una inspección previa, que determinó que las víctimas enterradas en ese sector no aparecían en los libros de registros de muertes. Un incendio ocurrido en las fosas comunes, denunciado por Cofavic, hizo que el asunto de las cifras fuera más turbio. Hasta la fecha, los números del Caracazo son inciertos, la única certeza clara es que ese día la vitrina de Latinoamérica se desvaneció.