“Le pido al presidente Chávez que se haga justicia, quiero que mi esposo aparezca vivo o muerto. Aunque tiene antecedentes, no tenían razón para desaparecerlo”. Esta fue la primera denuncia pública que hizo Alejandra Iriarte de Blanco ante los medios de comunicación, el martes 25 de enero de 2000, y acaso una de las primeras denuncias hechas a Hugo Chávez, quien entonces estaba por cumplir un año en la presidencia. Iriarte, una mujer de 34 años, rodeada por activistas de la sociedad civil en las adyacencias de la morgue de Bello Monte, exigía justicia ante un Estado que, hacía un mes, había secuestrado a su esposo, Óscar Blanco Romero, sin ninguna razón.
La otra tragedia, la desaparición de Óscar Blanco Romero
La última vez que lo vieron, estaba descalzo. Tenía una camiseta blanca y un short. Se lo llevaron unos funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Lo sacaron de su casa, sin ninguna orden de aprehensión. Con una lista en sus manos, los funcionarios fueron allanando cada una de las viviendas de Valle del Pino, en la parroquia Caraballeda, estado Vargas. Aunque los oficiales que irrumpieron en su casa pertenecían a una comisión del Batallón de Infantería Paracaidista N°422, “Coronel Antonio Nicolás Briceño”, fueron los funcionarios de la DISIP quienes se lo llevaron el 21 de diciembre de 1999, alrededor de las 5:00 pm.
“Eran como 22 policías, no recuerdo ya el número exacto. Sé que cuando llegaron estábamos por almorzar porque era el mediodía ya. Llegaron casi tumbando la puerta, disparando. Me destrozaron la casa, hasta la comida de la cocina. Nosotros nos quedamos en la calle después de eso, con todo destruido”, cuenta Alejandra Iriarte, 21 años después. Aquel infausto suceso no solo le marcó su vida, sino también la de toda la familia. Especialmente la de sus hijos que tuvieron que crecer sin su papá. Aleoscar, Edwar, Óscar y Orailis eran cuatro niños que entonces no pasaban los 12 años de edad. Junto a ellos, estaba su abuela materna, la señora Prudencia Amundaray.
Si bien no fue la comisión de militares, comandada por el teniente del Ejército Federico José Ventura Infante, los responsables de su detención, sí lo fueron de las incontables pérdidas materiales. La población que no se había visto afectada por la tragedia natural padeció otra: la de la fuerza represora del Estado que sin explicación plausible irrumpió en las viviendas y atemorizó a los habitantes. La gente, aparte de estar conmovida por los deslaves, estaba incomunicada por la falta de vías terrestres. Allí reinaba la confusión. “No me dijeron nada, desconocía por qué mi casa, pensé que estaban buscando algo porque abrían todo, las gavetas y eso, y lo destruían”.
Óscar Romero Blanco no era el único detenido. Había más, uno de ellos era Marco Antonio Monasterio Pérez, quien también continúa desaparecido. Las razones siguen siendo desconocidas, aunque, tiempo después, se presumió que obedecieron a unas actividades ilegales en las que los detenidos estaban implicados. Aun así, la vulnerabilidad de la localidad, generada por la vaguada de los días previos mantenía los ánimos alterados y no era el ambiente propicio para detenciones de ese tipo. En palabras de Ronnie Boquier, abogado constitucionalista, se trató de detenciones injustificables.
—¿Es sensato que, en medio de las consecuencias de los deslaves, ocurrieran detenciones de personas con antecedentes penales?
—Las detenciones arbitrarias no se justifican en ningún caso. El Estado tiene la potestad de utilizar la fuerza, pero de manera proporcional. Las funciones policiales y militares siempre deben respetar los derechos humanos. Dentro de las consecuencias que había en el deslave, hubo saqueos y delitos cometidos por particulares que se aprovechaban de la situación. Aunque el Estado debía proteger a los ciudadanos, las detenciones que se generaban en el marco del estado de excepción debían hacerse garantizando los derechos humanos, bien sea en flagrancia o con una orden de detención, presentando, además, a los detenidos ante los tribunales para garantizar sus derechos. Esto no ocurrió y por eso las detenciones de personas, como la de Blanco Romero, no debieron ocurrir.
Por otra parte, tener antecedentes penales no es un motivo per se para ser detenido. Eso no es una sentencia. Que una persona tenga antecedentes penales no quiere decir que sea culpable de nuevos hechos. La responsabilidad penal tiene unas garantías que tienen que ver con que cada hecho imputado debe tener una vinculación directa con el acusado. No puede haber imputaciones genéricas, acusaciones solo por lo que haya hecho en algún momento de su vida. Por eso, en el caso de Blanco Romero, el Estado no tenía potestad para detenerlo arbitrariamente, y mucho menos para desaparecerlo de manera forzada. Estas personas que fueron detenidas fueron privadas de la oportunidad de defenderse. Lo que evidentemente causa una afectación mucho mayor y desproporcional de lo que se buscaba.
A Óscar, cuenta Alejandra, lo sacaron amarrado y ellos no pudo seguirlo. Era de noche, tenía que calmar a los niños y ver cómo hacía con las cosas que le habían destruido. Raquel Romero, una tía de Óscar que vivía cerca, los invitó a pasar unos días en su casa. Tal era la magnitud de la tragedia policial, que la vivienda de Alejandra estaba inhabitable. La angustia tampoco la dejaba dormir. Quería ir a buscarlo, pero no sabía cómo salir de Valle del Pino. Las vías terrestres estaban colapsadas por los deslaves. No entendía cómo llegaron aquellos oficiales. Los vecinos le comentaban que en helicópteros. Tampoco quería dejar solos a sus hijos pequeños. Tenía miedo.
Dos días después, preocupados por la tragedia de los deslaves, unos primos suyos llegaron de visita. Querían saber si estaban bien, pero, en su lugar, encontraron la otra tragedia. Le comentaron que habían transitado piedras, ríos crecidos, casas enterradas y edificios destruidos. Armada de valor, Alejandra decidió dejar a los niños con ellos y junto a Gisela Romero, la madre de Óscar, salió a saber de su esposo. Fue el inicio de una búsqueda que sigue hasta el día de hoy, a pesar de una realidad que parece evidente: Óscar fue asesinado por el Estado. Pero la condición de los desaparecidos es compleja, ellos no están ni vivos ni muertos. Boquier explica al respecto.
—¿Qué implica la desaparición forzada de una persona más allá de los derechos humanos? Porque legalmente, sin pruebas de muerte, continúan existiendo. Eso es complejo para los familiares directos.
—La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha insistido en que la desaparición forzada es un delito de afectación múltiple de derechos, porque desaparece la personalidad jurídica de la víctima, con un mensaje en el que los derechos de los ciudadanos pueden ser tan minimizados que la autoridad no los reconoce. Es despersonificar a la persona y tratarla como una cosa, cosificarla. Es un delito continuado, que no acaba, que siempre está en ejecución hasta que no se dé con el paradero. Después de seis meses de desaparecido, se puede pensar que la víctima pudo haber fallecido. Sin embargo, eso es una presunción que ayuda, sobre todo, a la hora de responsabilizar a los presuntos culpables. Mucho más en el caso de Blanco Romero, en el que la impunidad es de años y todavía no hay responsables que expliquen la verdad del asunto. Es un tema complejo que se convierte en un ciclo de violencia que no cierra hasta que se esclarece.
Hay unos efectos desde el punto de vista civil: la persona, cuando está en esta situación de desaparecido, se abre una paradoja: no está muerta pero tampoco se sabe si está viva. Civilmente debe haber un procedimiento para declararlo ausente. Es un procedimiento que, aparte de ser doloroso –porque se desconoce hasta cuándo durará la ausencia–, es largo. Mientras dura, la familia está en una especie de limbo jurídico. Luego de ser declarada ausente, pudiera ser declarada también “ausente permanente”, que significa que la persona ya no va a volver. Es una figura jurídica que, desde el punto de vista del derecho civil, queda en el aire y no cierra ninguno de los ciclos.
La tragedia de Vargas dejó un panorama postapocalíptico, cuyas imágenes continúan vivas en las mentes de sus habitantes. Más de 20 años después, Alejandra todavía recuerda la ruina que dejó aquella bravura de la naturaleza. Sus recuerdos, cargados de dolor y pesar, rememoran la desesperante búsqueda de Óscar por todos los rincones del estado. La vida se les hizo trizas en menos de una semana, sus esperanzas se le vinieron abajo de un momento a otro. No eran una familia sin carencias, tenían problemas como todas las demás, pero entre las adversidades, eran felices. La Navidad de ese año, tan anhelada por sus hijos, fue la peor de sus vidas.
Llegar a Caraballeda, donde estaba el centro de operaciones de la DISIP, fue un lío. Tanto Alejandra como Gisela, tuvieron que escalar entre las piedras y cruzar los ríos de lodo agarradas de mecates. Lo buscaron en cárceles, morgues, módulos policiales y en el aeropuerto, pero en ningún lado obtenían respuestas. A Óscar parecía habérselo tragado la vaguada. Tampoco faltaban los testimonios de los vecinos que lo vieron pasar por última vez, mientras los funcionarios lo bajaban amarrado. Eran tantas las versiones que corrían, que Alejandra no sabía en cuál creer. Su única certeza eran las caras de algunos funcionarios, pero tampoco los reconocía.
La militarización de la zona, como parte de las facultades otorgadas por la Asamblea Nacional Constituyente al Poder Ejecutivo causó estragos en la población: “La gente me contaba que cuando los llevaban por las escaleras, Óscar no hablaba. Supuestamente, a los detenidos les metían las cabezas en la tierra húmeda por las lluvias, en el pantano de los deslaves. Mucha gente los vio, pero otros tenían miedo de asomarse porque los policías les causaban temor. Hubo personas que me ayudaron, que fueron a declarar para el tribunal, pero no todos. Al ir, teníamos que cruzar el río solo por el lado que ellos decían. Nos apuntaban con sus armas, amedrentándonos”.
Fue la madre de otro de los desaparecidos, la que le habló por primera vez a Alejandra sobre el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Antes de que culminara el año 1999, llegaron a su casa las protagonistas de esa organización, que había obtenido ese año una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alejandra no se explica cómo dieron con ella, pues las condiciones de la zona no eran las más favorables. Yris Medina, una de aquellas mujeres, cuenta lo sucedido: “Llegamos escalando, pasando ríos de lodo, preguntando dónde vivía Alejandra Iriarte, así fue como la ubicamos”.
Cofavic, como otras organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, había estado alerta ante la tragedia natural y a las irregularidades suscitadas después. Luego de su encuentro con Alejandra, respaldaron el caso y comenzó la denuncia pública. Aquel 25 de enero de 1999, en la entrada de la morgue de Bello Monte, Alejandra le declaraba de manera oficial y por primera vez a los medios. La acompañaban sus hijos, su suegra y Liliana Ortega, cofundadora de Cofavic. “Creo en la justicia y por eso quiero que se haga justicia. Yo vi todo, junto con mis cuatro hijos, que están traumatizados”, citó la entonces periodista de El Nacional, Sandra Guerrero.
La denuncia abrió la puerta de una lucha que continúa, que pese a los intereses que desean cerrarla se mantiene abierta. No solo en Venezuela sino también en el exterior. Un mes después de la desaparición, Alejandra presentó un hábeas corpus, una acción de amparo ante los tribunales de la república, pero fue rechazado. Ahí comprendió que su lucha debía tomar otro curso: el de llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 4 de marzo del año 2000 su petición fue admitida y, cinco años después, en noviembre de 2005, la Corte finalmente emitió una sentencia. Si embargo, a pesar de su compromiso, el Estado todavía no ha cumplido.
En el transcurso de las últimas dos décadas, la familia Blanco Iriarte se ha resignado, con pesar, a la ausencia de Óscar. Su viejo taller de reparación de lavadoras y electrodomésticos se convirtió en un local en el que Alejandra vende hamburguesas los fines de semana. Sus hijos ya son adultos, con hogares construidos. Han labrado sus vidas sin la presencia de su padre. Aleoscar, la mayor de los cuatro, es una profesional del voleibol, que participó en las Olimpiadas de Beijing en 2008 y ha competido en varios torneos de todo el mundo. Y aunque ha sido un camino exitoso, en sus comienzos como deportista tuvo que enfrentarse varias veces a esa tragedia.
Aparte de crecer sin su papá, Aleoscar debió superar muchos obstáculos para lograr su sueño de ser voleibolista profesional. Cada vez que tenía un torneo en el exterior, Alejandra debía buscar un permiso, una presunción de ausencia, que le permitiera salir de Venezuela. Al ser una menor de edad, los viajes debían estar consensuados por ambos padres. Ambas, al unísono, repetían una y otra vez la historia en los tribunales y en el aeropuerto para conseguirlo, hasta que Aleoscar cumplió 18. Alejandra, por otra parte, nunca dejó de apoyar a sus hijos ni de pelear una guerra por la justicia, una guerra que empezó el 21 de diciembre de 1999, después de esa otra tragedia.
Muchos años después, en el aeropuerto, mientras esperaba que Aleoscar regresara de uno de sus viajes, Alejandra reconoció a Casimiro Yanes, uno de los oficiales de la DISIP que detuvo a su esposo hace más de 20 años. Entonces, ya se había dictado una sentencia y él debía estar pagándola. Pero no, estaba allí, como quien goza de libertad plena, sin cargos judiciales. Alejandra, atemorizada y llena de rabia, esperó a su hija. Juntas, salieron del aeropuerto. Llamaron a Cofavic y contaron lo sucedido. Aparentemente, el sujeto se encontraba en lugar por casualidad. No obstante, por seguridad, lo mejor era estar alerta, porque a estas alturas, los culpables siguen libres.