Esta es la declaración de Volker Türk, Alto Comisionado ONU para los Derechos Humanos durante su intervención en el 61o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Señor Vicepresidente,
Distinguidos delegados,
Desde mi última actualización ante este Consejo, la situación en Venezuela ha estado marcada por la intervención militar estadounidense del 3 de enero y sus consecuencias.
En respuesta a dicha intervención, las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia. Según informes, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados utilizaron esta declaración como pretexto para tomar medidas intrusivas, lo que contribuyó a generar un clima de temor entre la población. Insto a las autoridades a que reevalúen el decreto para garantizar su necesidad y proporcionalidad.
Al mismo tiempo, las autoridades venezolanas han tomado medidas para corregir algunos de los errores del pasado.
El 19 de febrero se aprobó una nueva Ley de Amnistía. Lamento que se haya redactado sin la debida consulta a toda la sociedad.
Según las autoridades, unas 7.700 personas han sido liberadas incondicionalmente en virtud de la ley. Mi Oficina ha solicitado la lista oficial de los liberados, así como el acceso sin restricciones a varios centros de detención, hasta ahora sin éxito. Insto a una mayor transparencia en lo que respecta a la liberación de los detenidos.
Hemos confirmado que, desde mi última actualización, unas 950 personas que fueron detenidas arbitrariamente han sido liberadas —algunas bajo estrictas condiciones—, entre ellas defensores de derechos humanos, figuras políticas, periodistas y sindicalistas. Entre las figuras destacadas liberadas se encuentran Javier Tarrazona, Eduardo Torres, Kennedy Tejeda, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel.
Si bien comparto el alivio de quienes han sido liberados y de sus seres queridos, jamás debieron haber sido detenidos. Espero que esta práctica cese para siempre y que las autoridades adopten medidas para garantizar la libertad de opinión, incluyendo la defensa de los derechos humanos.
Unos 60 presos han podido recibir visitas de sus familiares o comunicarse con ellos, mientras que anteriormente no se tenía información sobre su paradero.
Señor Presidente,
Durante todo este período, han persistido las preocupaciones estructurales y sistémicas en materia de derechos humanos.
Mi Oficina ha recibido información sobre la continua tortura y el maltrato a los detenidos, incluso en los centros Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro. Esto es sumamente preocupante.
Muchos venezolanos siguen detenidos arbitrariamente, incluyendo personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un menor.
El espacio cívico continúa restringido. Años de represión han generado temor a la población.
La ley de supervisión de las ONG sigue obstaculizando la capacidad de la sociedad civil para trabajar de forma segura y libre, y debe ser derogada.
Espero que la revisión anunciada de la Ley Constitucional contra el Odio signifique que ya no se utilice para reprimir la disidencia.
Señor Vicepresidente,
Los venezolanos siguen enfrentando importantes dificultades para acceder a la atención médica, los servicios de agua y saneamiento, y los alimentos.
La población protesta contra los bajos salarios, insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Por consiguiente, insto a las autoridades a garantizar el pleno respeto a la libertad de reunión pacífica.
Los pueblos indígenas siguen enfrentando severas restricciones para acceder a su derecho a la salud, lo que contribuye a las altas tasas de mortalidad. No se ha logrado ningún avance en la autodemarcación de sus territorios.
Insto a las autoridades a garantizar que todas las reformas económicas e inversiones, incluidas las de los sectores de petróleo, gas y minerales críticos, respeten la soberanía de los venezolanos sobre sus recursos naturales. Los ingresos deben utilizarse para promover los derechos económicos, sociales y culturales de todos los venezolanos, así como para proteger el medio ambiente.
Señor Vicepresidente,
Los venezolanos experimentan una mezcla de esperanza, temor e incertidumbre.
Los derechos humanos deben guiar el camino a seguir, y quisiera destacar cinco áreas clave de acción.
Primero, las autoridades deben liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas que aún se encuentran detenidas arbitrariamente.
Segundo, proteger y ampliar el espacio cívico. Esto es esencial para reparar el tejido social y fortalecer los procesos democráticos.
Insto a las autoridades a permitir que la sociedad civil trabaje libremente, a garantizar su participación en los asuntos públicos y a proteger a las ONG, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos contra amenazas y ataques.
Tercero, reformas estructurales en los sectores de justicia y seguridad. Esto incluye desmantelar los marcos legales y las prácticas que han permitido la represión de la disidencia política. Dichas reformas son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia y reconstruir la confianza en las instituciones.
El Gobierno también debe desarmar y disolver los grupos civiles armados que han intimidado y ejercido control sobre la población.
En cuarto lugar, es necesario garantizar y ampliar el acceso a la atención médica, la alimentación, el trabajo y los servicios básicos. Insto a las autoridades a garantizar salarios, pensiones y otras medidas de seguridad social adecuadas para cubrir las necesidades básicas, y a renovar su compromiso con los derechos laborales. Asimismo, deben demostrar mayor transparencia con las estadísticas oficiales sobre el mercado laboral, la seguridad alimentaria y el acceso a la salud y la educación. Esto es esencial para generar confianza.
Finalmente, los venezolanos deben unirse y acordar una estrategia integral de justicia transicional. La sociedad venezolana sigue profundamente polarizada. Para sanar estas divisiones se requiere rendición de cuentas por todas las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las últimas décadas. Esto, a su vez, exige que se preserven todas las pruebas, incluso si se clausuran los centros de detención.
Otras medidas importantes incluyen la reforma institucional, las reparaciones, el esclarecimiento de la verdad y las garantías de que no se repitan las graves violaciones de derechos humanos.
Estas medidas de fomento de la confianza, basadas en los derechos humanos, allanarían el camino para el retorno seguro y digno de los millones de venezolanos que se encuentran fuera del país.
Insto también a las autoridades a cooperar con todos los mecanismos de derechos humanos y rendición de cuentas, incluida la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela establecida por este Consejo. Asimismo, animo a las autoridades a revocar su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional.
Me he reunido con las autoridades venezolanas al más alto nivel, compartiendo mis observaciones y la disposición de mi Oficina para brindar apoyo.
Celebro la decisión de las autoridades del 3 de marzo de otorgar visas a mi personal.
Necesitaremos una presencia constante para cumplir plenamente el mandato de mi Oficina en apoyo de los derechos humanos en el país.
En esta coyuntura crítica, el futuro del país debe ser decidido exclusivamente por su pueblo.
Las autoridades, la oposición dentro y fuera de Venezuela, y todos aquellos con responsabilidades políticas deben unirse en torno a los derechos humanos y priorizar el bienestar del pueblo venezolano.
