Ginebra, 7 de enero de 2026 – La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) expresa su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, tras la intervención militar de los Estados Unidos y la posterior declaración de estado de excepción. Exigimos que se garantice de manera inmediata la protección de la población civil y el respeto de sus derechos humanos.
Durante la última década, Venezuela ha atravesado una crisis multidimensional marcada por la erosión del Estado de derecho, el cierre total del espacio cívico y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, en un contexto de emergencia humanitaria prolongada que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población.
Esta situación se agravó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando se intensificaron de manera alarmante la persecución y la represión política. Desde entonces, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y diversos organismos internacionales de derechos humanos hemos documentado y denunciado detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, actos de hostigamiento, censura y criminalización, así como severas restricciones a la libertad de expresión.
Paralelamente, millones de personas han continuado enfrentándose a graves y crecientes obstáculos para acceder a alimentos, servicios de salud y otros derechos económicos y sociales básicos.
Tras la intervención militar de los Estados Unidos, sus intentos de administrar el territorio venezolano y la declaración de estado de excepción (decreto de conmoción exterior) por parte de las autoridades venezolanas, el panorama se ha vuelto aún más complejo e inestable. En este contexto, urgimos la adopción de medidas inmediatas, efectivas y coordinadas para garantizar la protección de la población civil, el pleno e irrestricto respeto de sus derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que corresponden tanto a Venezuela como a los Estados Unidos, conforme al derecho internacional.
Ante el riesgo de nuevas y graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, la restricción de los derechos de reunión pacífica y de asociación, así como la habilitación de detenciones preventivas y la militarización de infraestructuras estratégicas. Nos sumamos al llamado de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y reiteramos que la prioridad en esta crisis debe ser garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano.
Asimismo, instamos a las autoridades venezolanas a garantizar de manera inmediata la protección de todas las personas defensoras de derechos humanos, salvaguardar la libertad de expresión y la labor periodística, y proporcionar información sobre la situación de las personas privadas de libertad, asegurando que sus familiares tengan acceso efectivo a información sobre su estado y condiciones, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.
En este sentido, enfatizamos la necesidad de promover una agenda integral de derechos humanos que sirva de base para procesos genuinos de diálogo y negociación. Resulta prioritario avanzar en medidas de construcción de confianza y de garantía de derechos, entre ellas la liberación plena e inmediata de las personas privadas de libertad por razones políticas, como paso inicial e indispensable para cualquier entendimiento sostenible.
Exhortamos a la comunidad internacional a asumir un papel más activo y eficaz en la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela, mediante un monitoreo permanente de la situación, la cooperación con los mecanismos internacionales de rendición de cuentas y el respaldo a iniciativas orientadas a garantizar la seguridad y la protección de la población civil.
La complejidad y la profundidad de la crisis venezolana exigen una respuesta coordinada, sostenida y basada en principios, que sitúe la dignidad humana y el respeto irrestricto de los derechos humanos en el centro de toda acción política. Dicha respuesta debe, además, garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, como condición indispensable para la justicia, la reparación de las víctimas y la no repetición.
