ONG Alertamos ONU

Un conjunto diverso de ONG que trabajamos en el territorio nacional nos unimos para evidenciar el gravísimo daño que ocasiona en la población venezolana el incumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado, a propósito de la evaluación periódica que el Comité de Derechos Humanos de la ONU programó con respecto a Venezuela. En ese sentido, elaboramos un Informe Alternativo destinado al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que durante los días 10 y 11 de octubre de 2023 dedicará su examen a Venezuela.

Nuestro Informe Alternativo o Informe Sombra busca establecer contrastes con el informe oficial enviado por el Estado. Formamos esta coalición de ONG las organizaciones:

Asociación Civil Kapé Kapé
Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI)
COFAVIC
Comisión ULA Mujer
CONSORVEN
Fundación de DDHH del Estado Anzoátegui
IPYS
Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+
Red de DDHH del Estado Lara
Vicaría de DDHH de Caracas
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Resumen del documento sombra 2015-2023

Marco constitucional y jurídico

Venezuela no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura ni la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
El Estado mantiene la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Persiste la vigencia de la Resolución N°008610 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que permite el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el control de reuniones públicas y manifestaciones.
Aún no se desarrolla el protocolo específico de actuación de jueces y fiscales para atender a las víctimas de violencia sexual.

Aplicación de los estados de excepción

En 2015 hubo 8 decretos de estados de excepción en 26 municipios de 4 estados fronterizos con Colombia. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró constitucional el “Estado de Emergencia Económica” decretado por el Ejecutivo en 2016 y rechazado por la Asamblea. En adelante, el TSJ hizo lo mismo con otros 16 decretos de estados de excepción. En 2020, debido a la pandemia, se decretó un estado de alarma, durante el cual Cofavic registró 2100 casos de presuntas detenciones arbitrarias.

Derecho a la salud de personas con VIH

Desde 2009 el Ministerio de Salud registra desabastecimiento de medicamentos y desde 2016 reconoce no contar con recursos necesarios para adquirir los antirretrovirales (ARV). Accsi señala que esto afecta entre 65 mil y 75 mil personas de las 110 000 que vivían con VIH a 2019.

Discriminación de personas LGBTIQ+

El OVV LGBTIQ+ documentó 97 casos de agresiones contra personas LGBTIQ+ en 2022, incluyendo 11 asesinatos. De enero a abril de 2023 se documentaron 60 casos de violencia, en su mayoría, discursos discriminatorios por funcionarios del Estado o figuras públicas. El retardo procesal y la falta de Estado de Derecho afecta la actuación de personas LGBTIQ+ en situación de violencia.

Violencia contra las mujeres

COFAVIC registró un total de 2322 casos de presuntas muertes violentas de mujeres en el país en el período 2017 – julio 2023. Solo en el semestre 1 de 2023 se registraron 224 casos, de los cuales 51% fueron víctimas con edades entre 18 y 40 años; 19% eran menores de edad, 16% estaba entre 41 y 60 años. La Comisión ULA Mujer del estado Mérida ha dado seguimiento a los obstáculos sistemáticos, la discriminación y la falta de garantías judiciales por razones de género que viven las mujeres en esa entidad.

Mujeres con discapacidad

En la encuesta realizada por CONSORVEN, 69,7% de mujeres con discapacidad indicó que no sabe cómo responder a la pregunta sobre el uso y acceso a métodos anticonceptivos, debido a la alta desinformación y barreras comunicacionales adaptadas que les permitan tener conocimientos precisos sobre el tema.

Derechos de las minorías

El Estado venezolano redujo el derecho a elección libre, universal, directa y secreta de poblaciones indígenas para seleccionar a sus representantes el 05 de junio de 2020, mediante sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, a solicitud de ciudadanos no indígenas.

Libertad de expresión

El desmantelamiento de medios de comunicación en Venezuela ha sido un proceso planificado y ejecutado por todos los órganos del poder público, que actúan articuladamente en contra de la prensa independiente. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) dificulta la renovación de licencias a medios independientes. Solamente en 2022 fueron clausuradas 107 emisoras de radio. Un informe de la empresa Telefónica indicó que CONATEL solicitó bloquear páginas web y vigilar a más de 1,5 millones de usuarios. Entre 2015 y junio de 2023, IPYS Venezuela documentó 5392 violaciones a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública. Las agresiones físicas y verbales fueron las más recurrentes, seguidas por daños a herramientas de trabajo, amenazas, persecución y acoso. Más de 7 millones de personas viven desconectadas en el país, en lo que se ha denominado “desiertos de noticias”.

Derecho a la vida

Desde el año 2015 con la implementación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) se incrementó la letalidad policial. La Fiscalía General reconoció que en 2015, 1777 personas fueron asesinadas por funcionarios; para 2016, la cifra aumentó a 4667 personas. COFAVIC ha registrado casos de forma sistemática: