23 - 01 - 2013

23/01/2013 – Muerte de nueve integrantes de familia Barrios en 15 años de impunidad


COFAVIC (1)

 DERECHOS SIN REVÉS

La familia Barrios en el estado Aragua perdió a otro integrante, el noveno víctima de asesinatos cometidos por grupos parapoliciales o desconocidos. Jorge Antonio Barrios Ortuño, de 24 años de edad, fue asesinado mientras se transportaba en una moto en el sector El Huete de ciudad de Cagua, Estado Aragua.

Entre 1998 y 2012 fueron asesinados presuntamente por la policía de Aragua o por desconocidos ocho de sus miembros: Benito Antonio, Narciso, Luis Alberto, Rigoberto (quien tenía sólo 16 años de edad), Oscar, Wilmer, de 19 años; Juan Barrios y Víctor  hechos que permanecen en la impunidad. En el 2011, Néstor Caudi Barrios, de 24 años de edad, sufrió un grave atentado que lo ha dejado con lesiones de carácter permanente.
Las residencias de algunos de los Barrios fueron allanadas y sus bienes sustraídos y destruidos en el año 2003, y otros integrantes de la familia, incluidos niños, han sido detenidos, agredidos y amenazados en diversas oportunidades en los años 2004 y 2005. Varios integrantes de la familia dejaron Guanayén (estado Aragua) y fueron a vivir a otras localidades.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en este caso en noviembre de 2011, en la que se condena al Estado venezolano por la violación al derecho a la vida, integridad personal, derechos de protección a niños integrantes de la familia; derecho a la circulación y residencia, garantías y protecciones judiciales, así como por no prevenir y sancionar la tortura, la impunidad en las muertes de sus integrantes es un común denominador.
La Corte consideró probado que el 28 de agosto de 1998, funcionarios policiales del estado Aragua privaron de la libertad, agredieron y quitaron la vida a Benito Antonio Barrios. En horas de la madrugada se presentaron en su casa siete funcionarios uniformados adscritos al Comando Policial de los pueblos de Barbacoa y Guanayen, estado Aragua, portando armas de fuego y sin orden de detención. Dispararon varias veces contra Luis Alberto, hermano de Benito, sin causarle heridas, y además cuatro funcionarios hirieron a Benito Barrios, en presencia de sus hijos de 9 y 4 años de edad. Posteriormente, los funcionarios se llevaron detenido a Benito Barrios en una patrulla policial.
 Al día siguiente, la familia Barrios relata que un representante de una empresa funeraria se presentó en la residencia de la familia e informó que ese mismo día, 29 de agosto de 1998, a las 6:00 am había ingresado al hospital el señor Benito Barrios, con dos heridas de arma de fuego y sin signos vitales. El acta de defunción reportó que Benito Barrios falleció como consecuencia de “anemia aguda, hemotórax y herida de proyectil de arma de fuego”. La policía del estado reportó el hecho como un enfrentamiento.
El 11 de diciembre de 2003 Narciso Barrios fue privado de la vida por funcionarios policiales del estado Aragua. El 3 de marzo de 2004, Jorge Antonio y Rigoberto Barrios fueron detenidos, agredidos y amenazados por funcionarios policiales. Este fue el comienzo de una cadena de hostigamientos y amenazas contra la familia Barrios, que se extiende hasta el presente: 15 años después en medio de la impunidad.
La Corte Interamericana reconoció, en la sentencia del caso, como parte del contexto en Venezuela el accionar de grupos parapoliciales en el país y en especial el grave esquema de casos de ejecuciones extrajudiciales. Este fenómeno está íntimamente ligado a la impunidad generalizada que caracteriza a la administración de justicia en el país.
El caso
La denuncia del caso Barrios fue enviada por la Comisión de Justicia y Paz de Aragua y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 16 de marzo de 2004. Desde el 23 de noviembre de 2004, la Corte Interamericana dictó medidas provisionales a favor de los integrantes de la familia Barrios, pero estas medidas han sido sistemáticamente desatendidas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un comunicado publicado el 18 de enero de 2013, al referirse al noveno integrante de la familia asesinado afirma que “…el Estado de Venezuela no ha adoptado las medidas necesarias para proteger la vida de los miembros de esta familia, que continúa siendo víctima de asesinatos, detenciones, allanamientos, amenazas y hostigamiento. El Estado tampoco ha dispuesto que se realicen investigaciones efectivas sobre estos crímenes, que permanecen en la impunidad”. Asimismo, agregó la Comisión “La familia Barrios está siendo exterminada frente a la inacción del Estado, que ha ignorado los llamamientos, decisiones, recomendaciones y órdenes de los dos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
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