Presentamos nuestro Informe Cofavic: violencia contra las venezolanas resultado de la recopilación y análisis de los datos obtenidos en el monitoreo independiente que venimos realizando desde 2017, al explorar la información disponible publicada en 33 medios de comunicación nacionales (y portales digitales) en 17 estados de Venezuela, y que abarca hasta 2021.
Presentamos acá en formato multimedia fragmentos del documento general (que se puede descargar al final de esta página), en el que se incluyen los patrones de impunidad en casos de muertes violentas de mujeres, particularizando en los datos relativos a la fecha, estado y lugar; en cuanto a los datos correspondientes a las víctimas, referenciamos edad, ocupación, causa de la muerte y motivo de la agresión.
Posteriormente, procedimos a filtrar los casos que, según sus características particulares, se enmarcaban en la categoría de presuntos feminicidios o muertes por razón de género, lo que nos llevó a un desglose mayor. El levantamiento de los datos aquí presentados se realizó analizando las muertes de mujeres con base en instrumentos y estándares de carácter internacional.
Para la descripción de la información recogida, en muchas oportunidades utilizamos el dato entero y no la relación porcentual puesto que, si bien esta última no era representativa en relación con la muestra total, la cifra entera sí lo era para fines demostrativos.
En Venezuela no se dispone de cifras oficiales actualizadas ni de registros individualizados en los últimos años sobre la comisión de crímenes contra las mujeres, ni tampoco contra los derechos humanos. Esto ha limitado la información pública disponible sobre el tema, lo que impide un efectivo acceso a la información de órganos claves, como lo son el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Las cifras aportadas por el Ministerio Público reflejan el número de casos atendidos y casos resueltos, pero no especifica el número de medidas de reparación o de protección dictadas a favor de las víctimas, tampoco el tipo de violencia, si se penalizó a los agresores o se reparó a las víctimas. Tampoco publica ningún sitio web oficial ni en informes anuales un registro nacional de denuncias de casos de violencia contra la mujer, ni de la afectación diferenciada de género en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes.
Otro ejemplo ilustrativo sobre la ausencia de cifras de violencia contra la mujer es el caso del Instituto Nacional de Estadística, el INE. En 2010 este instituto creó una subcomisión encargada del diseño de estadísticas sobre género, además de una mesa de trabajo encargada del diseño de un protocolo de compilación de información sobre violencia contra las mujeres. En 2012 aparecieron las primeras estadísticas desagregadas por sexo, pero solo se reportaron estadísticas relativas a la actividad laboral, y no se publicaron estadísticas sobre la violencia contra la mujer, lo cual era su mandato.
Asimismo, entre todas las instituciones oficiales con funciones en temas de género no se aplica un instrumento único de registro o una metodología que permita la recolección de información de manera coordinada. En este sentido, el Comité de Expertas/Expertos de Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem Do Para manifestó su preocupación en 2014 por la falta de estudios o encuestas por parte del Inamujer sobre el número de mujeres víctimas de violencia. Las pocas cifras que existen no representan la realidad, en vista de que no hay consistencia y cambian los criterios de un organismo a otro, o publican las mismas cifras de años anteriores sin cambiarlas, lo que tiene como consecuencia que estas cifras no son fiables.
Finalmente, es necesario considerar que buena parte de la información relativa a la víctima del hecho reseñado en medios de comunicación es invisibilizada, lo que en sí mismo constituye otra muestra de violencia machista en la conducta de la sociedad. La información sobre la mujer, aun cuando víctima de un hecho tan grave como el asesinato, muchas veces se deja a un lado en la cobertura periodística para dar lugar a la descripción detallada del presunto victimario.
El presente informe comprende el análisis geoestadístico de los resultados obtenidos en el monitoreo independiente de muertes violentas de mujeres y niñas venezolanas en los años 2017; 2018; 2019; 2020 y 2021. Para lograrlo desarrollamos el Sistema de Información Geográfica (SIG) de COFAVIC, por medio del servidor UMap y la creación de bases cartográficas mediante OpenStreetMap (OSM).
A nuestro SIG lo hemos denominado GEOCOFAVIC y consiste en un estudio espacial de las categorías e indicadores principales de nuestra data independiente de muertes violentas de mujeres y niñas venezolanas, con la finalidad de visibilizar territorialmente esta grave situación.
La tasa de muertes violentas de mujeres y niñas venezolanas (Tasa mvmnv) se define como el indicador que toma en cuenta la relación existente entre el total de número de fallecidas para el período 2017 – 2021 por cada 100.000 habitantes de mujeres y niñas.
El indicador se obtuvo a partir del registro de la data consolidada de COFAVIC con base en las proyecciones poblacionales por entidades federales para los años 2017; 2018; 2019; 2020 y 2021; según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2011.
Para el cálculo de la Tasa mvmnv se cuantificó el total de muertes violentas de mujeres y niñas venezolanas por entidad federal y se dividió cada uno de los valores correspondientes entre la cantidad de población de femenina por estado (miles de habitantes) en los años correspondientes al período del presente estudio (2017 – 2021) para obtener así las sumatorias estadísticas.
Tasa mvmnv (2017-2021)=(∑Tmvmnv)/(PT mntp) × 100.000 Hab.
Donde:
Con la pandemia por COVID 19 y la entrada en vigencia del Estado de Alarma en Venezuela mediante el decreto Nro. 4160, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la resolución 001-2020, en la cual dispuso que ningún tribunal despachara hasta el 13 de abril. De esta manera todas las causas quedaron en suspenso y no corrieron los lapsos procesales, exceptuando las acciones urgentes, es decir, las relacionadas con el amparo constitucional y el despacho de asuntos urgentes. Este lapso fue prorrogado en varias ocasiones hasta la Resolución Nro. 0008-2020, que reactivó los tribunales en días de flexibilización. Esto ha generado que las mujeres víctimas de violencia enfrenten mayores obstáculos para acceder a la justicia durante la pandemia.
En el proceso de documentación de casos de violaciones a los derechos humanos hemos podido verificar, no solo la existencia de patrones asociados a la forma como se desarrollan los operativos de seguridad ciudadana, sino también los asociados al trato hacia las mujeres en estos contextos. Durante la ejecución de los operativos los cuerpos de seguridad irrumpen de manera violenta en las viviendas, identifican a las víctimas, les someten y ante la intervención de las madres, hermanas, esposas u otras familiares de las víctimas, los funcionarios les señalan como responsables de “criar delincuentes” o de encubrir sus presuntas actividades delictivas. El trato hacia las mujeres cumple con patrones de misoginia, discriminación por su situación económica, e incluso hay señalamientos despectivos de carácter sexual.
Como lugar del hecho registrado, las muertes ocurridas en el hogar de la víctima reúnen el mayor número de casos con 739 mujeres asesinadas lo que equivale al 41% de los casos totales registrados en la data; en 679 casos (38%) las muertes se producen en la calle (vía pública) y en 200 casos (11%) el hecho ocurrió en una zona aislada. Las muertes ocurridas en la casa de un familiar o amigo de la víctima ascienden a 63 casos (3%) y las ocurridas en su lugar de trabajo registraron 39 casos (2%). Finalmente, en 100 de los casos (5%) registrados no se precisa el lugar del hecho.
Del total de casos registrados para el período de 2017 a 2021, 969 casos se enmarcan dentro de la categoría de presuntos feminicidios (53%), mientras que en 558 casos (31%) no se pudo determinar con los elementos disponibles que la muerte tenía su motivación en razones de odio o desprecio contra la mujer. Finalmente, en 293 casos no había información disponible suficiente para hacer la clasificación como presunto feminicidio o no.
1051 casos (58%) corresponden a mujeres entre 18 y 40 años de edad, 311 casos (17%) corresponden a mujeres de 41 a 60 años, 301 casos (17%) corresponden a niñas menores de edad, y finalmente 156 casos (9%) de mujeres con 61 años o más.
En lo relativo a la causa de la muerte, la data arrojó como resultados que en 901 de los casos (50%), las mujeres murieron producto de una herida por arma de fuego, 277 casos (15%) producto de una herida producida por un arma blanca.
199 casos (11%) por asfixia, 161 casos (9%) como resultado de una golpiza, 53 casos (3%) de mujeres que fueron degolladas, 39 casos (2%) de mujeres que murieron producto de quemaduras, 38 casos (2%) de mujeres que murieron producto de un impacto contundente, 31 casos (2%) de mujeres que fueron descuartizadas, 11 casos de personas que fallecieron por factores de complicaciones de salud, asociados a hechos violentos previos; 5 casos de muertes producto de una explosión, 4 casos de mujeres que murieron envenenadas y 3 mujeres que fueron decapitadas. En 94 casos no se logró precisar la causa de la información pública disponible, lo que representa el 5%.
