28 - 01 - 2013

28/01/2013 – Ministra Varela reconoce 58 muertos en Uribana


 

THABATA MOLINA /CÉSAR PARADAS MONTESINOS  28 DE ENERO 2013 – 04:15 AM

A dos días y medio de la incursión militar en la cárcel de Uribana, en Barquisimeto, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, reconoció que en el hecho murieron 57 reclusos y un guardia nacional. Aseguró que otro reo fue hallado calcinado en el penal.

Sin embargo, no dio a conocer los nombres de las víctimas.

Varela anunció ayer que hasta el jueves en esa prisión había 2.459 reclusos, de los cuales 2.003 eran hombres y 132 mujeres, que fueron trasladados a otras cárceles del país, como Sabaneta, Tocorón, La Pica, Puente Ayala (Anzoátegui), Rodeo I, Yare, Yaracuy, los Llanos, Vista Hermosa, Cumaná y Nueva Esparta.

La ministra, además, reconoció que en la revuelta resultaron heridos 95 presos, de los cuales 49 fueron dados de alta y 5 fueron favorecidos con la libertad. Anunció que a partir de hoy comenzarán con una nueva «cayapa judicial» para revisar los expedientes de cada uno de los reos que fueron trasladados para otorgar beneficios procesales a quienes les corresponda.

Recordó que la primera vez que fue a Uribana los prisioneros le impidieron la entrada y amenazaron de muerte al fotógrafo que la acompañaba, Franklin Suárez. Admitió que en esa oportunidad tuvo que negociar con los reos para que la dejaran entrar.

La cárcel de Uribana es la tercera clausurada por Varela desde que fue designada como titular del Ministerio de Servicios Penitenciarios, en julio de 2011.

La primera fue el penal de La Planta, en Caracas, desalojada en mayo de 2012, y la segunda el Internado Judicial de Coro, cerrada en noviembre de 2012.

Espera angustiante. Ayer fueron ingresados 3 cadáveres a la sala de anatomía del Hospital Central de Barquisimeto, donde identificaron a uno de ellos como Kelvin Pérez. Decenas de familias aguardan en las adyacencias esperando que los forenses hagan las autopsias e identifiquen los otros 2 cuerpos. En el Hospital Militar está el resto de los cadáveres sin identificar. Extraoficialmente, la cifra total de muertos ascendería a 64, entre ellos un guardia nacional.

Los parientes piden que el director de la prisión, Nelson Bracca, dé explicaciones: «Que salga y dé la cara, porque no lo ha hecho. Iris Varela debería declarar luto nacional porque aquí murieron personas.

Es evidente la violación de los derechos humanos que hubo aquí, y el Gobierno tiene que darle una respuesta al pueblo de Lara», reclamó María Pérez, prima de uno de los presos trasladados.

Solicitaron una lista definitiva de los reos que han sido trasladados, pues ni siquiera la ministra ha dado a conocer esa información.

Jowald es un recluso de 23 años de edad que está preso por el delito de robo y es sobrino de Gloriani Ramírez, que está esperando tener noticias sobre él. Ella durmió a las afueras de Uribana y presenció los traslados de reos a otros centros carcelarios, los cuales se hacen por orden del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

Ayer a las 3:30 pm Ramírez recibió una llamada supuestamente hecha por prisioneros desde la cárcel, que le contaron que un grupo de ellos permanecía oculto en túneles pero decidió entregarse voluntariamente a las autoridades y fue incluido en los traslados.

La espera por la entrega de los cadáveres identificados que fueron ingresados el viernes se extendió hasta ayer a las 2:00 am, cuando los familiares retiraron el último de esos cuerpos y se fueron.

Fue entonces que la PN retiró el piquete que había instalado allí para resguardar los cadáveres y mantener la calma entre los parientes. La morgue amaneció ayer sin la presencia de ningún agente de seguridad.

Antes del amanecer, sin embargo, la tensión retornó a la morgue cuando decenas de familiares volvieron al lugar angustiados ante la posibilidad de que entre los cuerpos recién ingresados estuvieran sus parientes. Dicen que se sienten maltratados y burlados por el Gobierno nacional.

Responsabilidad del Estado. Liliana Ortega, directora de Cofavic, aseguró que lo ocurrido en Uribana es una muestra de que el Estado ha perdido el control de los penales, avalando el comportamiento de los pranes o líderes negativos, lo que ha generado más violencia.

«Lo primero que debemos denunciar es que las cárceles no pueden estar en manos de militares, sino de gente capacitada para la atención de los privados de libertad. Lo que ocurrió en Uribana es responsabilidad exclusiva del Estado, porque son ellos los únicos encargados de garantizar la vida de los reclusos. Todo protocolo de investigación debe incluir la plena identificación de los cadáveres, que se revelen cifras exactas de víctimas e información de las condiciones de traslado de los que fueron llevados a otros penales, para que haya transparencia», dijo.

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