07/09/2013 – «No hay violación de DDHH aceptable, sea de izquierda o de derecha»

Liliana Ortega lamenta que en el país sólo sean presentados ante el juez 3% de los casos de abusos a los derechos humanos. Para la abogada y directora de Cofavic, el caso actual del comisario Simonovis comporta un delito de tortura, dada su condición de salud. Dice que las ejecuciones extrajudiciales a los Barrios, solapadas en la excusa de la mala conducta de algunos de ellos, no tiene validez, porque 10 integrantes de esa familia ya no están vivos para defenderse¿Qué significa para el habitante de un barrio venezolano que el Gobierno decida retirar al país de la CIDH? ­La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado venezolano es una grave reducción de la tutela de las víctimas y de la protección de toda la sociedad. En Venezuela, según cifras oficiales sólo 3% de los casos de violaciones a los DDHH son presentados ante un juez. El resto de los casos terminan con sobreseimientos o archivos fiscales, configurándose un grave esquema de impunidad que asegurar a los criminales que no tendrán ninguna consecuencia por sus acciones delictuales. Los casos conocidos por la CorteIDH han incluido a grupos diversos y con preponderancia de los sectores más excluidos de la sociedad venezolana, como los pescadores de El Amparo o trabajadores costeños, víctimas de las desapariciones forzadas de Vargas, obreros y trabajadores informales víctimas del Caracazo, víctimas de grupos parapoliciales de exterminio en poblados del interior del país (familias Barrios y Uzcátegui), defensores de DDHH en la zona fronteriza de Machiques, como el caso de Joe Castillo y ejecuciones extrajudiciales como los hermanos Landaeta.

¿Para qué sirven estos organismos regionales que, a juicio de los presidentes Correa y Evo Morales, actúan de «operadores políticos» de EEUU, bajo la fachada de la defensa de los derechos ciudadanos? ­La Comisión y la Corte Interamericana constituyen el mayor logro de la OEA, su doctrina y jurisprudencia están consideradas como unas de las más progresistas del mundo y en el ámbito regional han servido para detener el autoritarismo clásico e ilustrativo de las dictaduras del Cono Sur, los graves efectos de la guerra en Centroamérica y las derivas autoritarias de gobiernos electos democráticamente, pero que resultaron responsables de graves violaciones de derechos humanos, como el régimen fujimorista del Perú. La CIDH tiene plenas facultades para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos en todos los países que son parte de la OEA. Entre ellos, EEUU por supuesto. De hecho ha apoyado la demanda del cierre de Guantánamo, ha elaborado informes muy importantes sobre violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en este centro de detención, otorgando medidas cautelares y ha realizado audiencias públicas sobre este caso. Lamentablemente EEUU no es signatario de la Convención Americana y no ha suscrito competencias consultivas ni contenciosas de la Corte Interamericana.

El asunto resulta curioso, porque antes eran los dictadores de derecha, tipo Videla, Fujimori o Pinochet, quienes atacaban estos organismos. ¿Qué explicación hay para que ocurra ahora en gente que son de izquierda que, por tradición, son defensores de DDHH? ­La ideología no supone persé una posición a favor de los derechos humanos.

Obviamente, se espera de los sectores más progresistas posturas cercanas a la protección de las víctimas y a la defensa de los principios de DDHH. Es cierto que la izquierda democrática, y subrayo esto, ha promovido avances sustantivos en materia de igualdad y reconocimiento de las minorías. Sin embargo, también en nombre de la izquierda se han cometido gravísimas violaciones de los derechos humanos, como la persecución política o violaciones a la libertad de expresión. No hay violaciones de DDHH aceptables porque sean cometidas por la derecha o la izquierda. El doble rasero en la defensa de los DDHH causado muchísimo daño a nuestra región y al mundo. La defensa de los derechos humanos no admite doble estándares. Lamentablemente, en Venezuela, se ha institucionalizado un doble rasero para las víctimas, hay víctimas que por su posición política sectores oficiales consideran que son las únicas que merecen justicia y también hay víctimas que por su posición política sectores opositores estiman que son las únicas que existen. Esto un grave daño a la sociedad en general.

Actualmente la CorteIDH ventila el caso del abogado Allan Brewer Carías, quien denuncia ser perseguido del gobierno, antes de Chávez y ahora deMaduro. ¿Qué pasa en realidad con este constitucionalista? ­El caso del doctor Brewer es paradigmático de violaciones muy graves al debido proceso. En mi opinión en este caso, se ha utilizado a la justicia como instrumento de venganza política en contra de Brewer. Y esto no significa que no debían investigarse los hechos que dieron origen a este caso, sino que esas investigaciones debieron ser independientes y con el respeto al debido proceso y a las garantías judiciales de todas las partes. Este caso presenta falencias muy groseras en relación a violaciones al debido proceso en su contra que denotan unos niveles de arbitrariedad muy peligrosos para toda la sociedad venezolana.

En el caso de la familia Barrios, casi diezmada por ajusticiamientos policiales, algunos personeros del gobierno han sugerido que se trata de personas de mala conductas, incluso algunos de ellos eran delincuentes. Si eso es así ¿por qué tanto alboroto? ­Las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de los integrantes de la familia Barrios se han producido luego de haberles sometido y/o detenido. En ninguno de esos casos se ha probado enfrentamiento. Los derechos humanos no juzgan conductas, los tenemos por nuestra condición de ser persona y eso es lo que está en juego. La mayoría de los asesinatos y atentados que ha sufrido la familia Barrios tienen un hilo conductor y así fue probado ante la CorteIDH: las víctimas habían sido testigos o denunciantes de las muertes, detenciones arbitrarias o torturas sufridas por sus familiares que habían sido víctimas con anterioridad. En todo caso, hoy día, 10 integrantes de la familia Barrios no podrán defenderse de las acusaciones que se les hacen sobre su conducta porque han sido asesinados.De vez en cuando funcionarios oficialistas suelen recordar que en los gobiernos anteriores se cometieron atropellos, torturas y asesinatos, muchos de los cuales quedaron impunes ¿Por qué no habla Cofavic de estos episodios del pasado, o es que hoy en día la situación es peor? ­Cofavic se constituyó, eso está registrado en la memoria histórica de nuestra gente, en un denunciante coherente y sistemático de los gravísimos crímenes cometidos en el Caracazo y de 1989 y en casos posteriores a esas fechas como la masacre del Retén de Catia de 1992. Hay que decir que hoy día es muy fácil denunciar el Caracazo porque han pasado 25 años y no como cuando lo hizo Cofavic en 1989 con el presidente Pérez en Miraflores. Debo decir que la sistemática criminalización y el acoso que hemos vivido estos años por defender los derechos humanos no tiene precedente. Y eso ocurre porque antes había un mínimo de separación de poderes e instancias como el Ministerio Público que eran representadas por figuras inobjetables como el Padre Luis María Olaso, a quien no le tembló el pulso para enfrentar las violaciones de DDHH había cometido el gobierno de turno.Esa figura del Padre Olaso hoy en Venezuela no existe y esa es una tragedia, porque no hay ningún resguardo institucional que nos proteja del abuso de poder del Estado.¿Cuál es la situación de los presos políticos? ¿Por qué el gobierno ha sidotan indolente con el caso Simonovis? ­El juicio sobre los hechos de Abril contiene graves violaciones al debido proceso.En el caso específico de Simonovis, Cofavic se ha pronunciado reiteradamente, incluso ante el órgano jurisdiccional que conoce del caso, solicitando una medida humanitaria y señalando que las condiciones de su detención configuraban el delito de tortura al igual que la negación a que reciba asistencia médica adecuada. En este caso, también, ha habido un ensañamiento y es ilustrativo de la instrumentalización de la justicia como medio de venganza política. La tortura es un delito de lesa humanidad, imprescriptible y de persecución por la jurisdicción universal.