16/01/2014 – Una oportunidad para el diálogo en 65 pasos

COFAVIC en el inicio del 2014 desea recordar la publicación que realizó hace dos años, pero que cada día adquiere mayor importancia: Sesenta y cinco pasos contra la impunidad y la violencia, que surge como un compromiso contra la impunidad y en favor de las víctimas.

Este documento se propone al observar con preocupación los numerosos casos de violaciones de los derechos humanos en el país y que los actores de esos crímenes rara vez son llevados ante la justicia, mientras que a las víctimas a menudo se les niega toda vía de recurso eficaz, tal y como lo reflejan diversos informes oficiales al respecto.

En varias entregas vamos a compartir estos pasos, como una propuesta realizada al Estado en temas de derechos humanos y seguridad ciudadana:

1.           Abrir espacios permanentes de interlocución a nivel nacional, con la organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil, en las áreas de promoción y  denuncias de casos de violaciones de los derechos humanos;

2.           Poner en marcha el Plan Nacional de DDHH para el cumplimiento de objetivos concretos y mesurables que incluya a todas las instituciones del Estado, y negociado con representantes de la sociedad civil de todos los sectores implicados;

3.           Dar cabal cumplimiento a los puntos resolutivos de su competencia emanados de las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en especial, a las resoluciones de medidas provisionales y medidas cautelares dictadas por los órganos competentes del Sistema Interamericano…

4.           Cumplir con la asignación de la partida anual del porcentaje fijo del presupuesto general del Estado en favor de la Rama Judicial, establecido en la Constitución de la República en su artículo 254;

5.           Otorgar recursos públicos adecuados para los órganos de policías sin distinciones de ningún tipo y promover mecanismos efectivos de coordinación y articulación.

6.           Involucrar a los medios de comunicación de masas en la creación de una opinión pública a favor de la igualdad y de la justicia  y en poner en tela de juicio la violencia y los factores que la desencadena como la exclusión y la criminalización;

7.            Cursar una invitación abierta y permanente a los procedimientos temáticos especiales de derechos humanos, particularmente a los 6 relatores de la Organización de Naciones Unidas que ya la han solicitado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

8.           Revisión normativa e institucional de todos los órganos policiales que funcionan en el país,  con pleno respeto a la descentralización y a las competencias municipales y estadales, incluyéndose en esta procedimiento al órgano de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Guardia Nacional…

9.           Dar instrucciones públicas y escritas sobre que los  y las funcionarias policiales  deben desempeñar sus funciones de manera imparcial, evitando todo tipo de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole.

10.        Establecimiento de los órganos policiales con un carácter eminentemente civil con clara diferenciación tanto institucional como conceptual  de la labor de prevención delictiva y de la  investigación criminal.

11.        Eliminar las funciones de patrullaje y procedimientos de policía administrativa del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas, Penales y Científicas (CICPC) y circunscribir a éste a las acciones propias de las funciones de investigación criminal.

12.        Establecer un sistema de ascensos basados en factores objetivos, especialmente su idoneidad, capacidad, probidad y experiencia y las decisiones que se tomen al respecto deben atenerse a un procedimiento equitativo e imparcial que goce de todas las garantías inherentes al derecho al debido proceso.

13.        Crear concursos de méritos y antecedentes como mecanismos de ingreso y permanencia  en  los cargos policiales de conducción, los cuales deberían regirse básicamente por los criterios de (I) la formación y capacitación profesional y el desempeño funcional en la carrera policial del funcionario postulante; (II) los antecedentes funcionales y disciplinarios del mismo; (III) la antigüedad en la carrera policial.

14.        Establecer una política salarial que permita una labor policial bien remunerada y con el goce pleno de todos los beneficios laborales.

15.        Las faltas de carácter disciplinario cometidas  deberían estar previstas en la ley o Reglamentos.

¿Estos puntos se cumplen actualmente? Le invitamos a compartir su opinión con respecto al tema en las próximas entregas.

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