24/09/2014 – ¿Deje eso así?
DERECHOS SIN REVÉS
“Deje eso así” suele ser una de las primeras recomendaciones que reciben las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto debido a que de manera directa o indirecta, la responsabilidad del Estado está comprometida, bien sea por su acción u omisión. Más compleja resulta la exigencia de derechos, cuando la integridad personal de alguien se ha visto afectada por la presunta acción de un cuerpo de seguridad. No es una situación exclusiva en Venezuela, testimonios de lucha de familiares de víctimas en el continente, dan cuenta de que es uno de los primeros obstáculos a vencer: la confianza en las instituciones. En nuestro trabajo al lado de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, es frecuente escuchar en el discurso de las familias víctimas que acompañamos, lo doloroso que les resulta recibir esta recomendación por parte no solo de familiares, allegados, vecinos, amigos, sino también, en ocasiones de representantes de los mismos organismos públicos receptores de denuncia. Para las familias es esperado que frente al dolor experimentado por la pérdida de un ser querido, o las lesiones recibidas, las personas más cercanas, busquen proteger o velar por quienes han resultado afectados, tratando de ahorrarle, más dolor, desgaste y maltrato o con la intención de que disminuya la tensión o angustia que suelen experimentar.
Sin embargo, les resulta bastante contradictorio, cuando la recomendación viene de quienes deben velar por su integridad, de quienes deben brindarle las respuestas para intentar hacer valer sus derechos y quienes tienen la responsabilidad de ofrecer mecanismos efectivos para reparar el daño sufrido. Esta recomendación “deje eso así”, puede deberse a muchos factores, uno de ellos la impunidad, es decir, la impresión de que los hechos denunciados no serán investigados de manera oportuna o efectiva, o por el temor que produce el haber sido lesionado por la presunta acción de un cuerpo de seguridad. Esto lo pueden sentir las víctimas, pero también el operador de justicia e incluso por algún profesional del Derecho que sea consultado por una víctima. Cuando una persona o una familia es víctima de una violación a los derechos humanos, pierde en principio su sentido de seguridad y se siente vulnerable, porque el miedo va acompañado de la desconfianza, por lo que teme expresar sus opiniones o actuar en reclamo o exigencia, debido a las repercusiones que sus acciones pudieran tener.
A pesar de ello, la denuncia es el mecanismo más importante para reducir la violencia, en cualquiera de sus expresiones, bien sea física, psicológica, por razones de género, intrafamiliar o asociada a violaciones a los derechos humanos. Todas las personas están en la obligación y tienen el derecho a denunciar cuando han sido víctimas. Además de buscar que se haga justicia y se sancione a los responsables, también es importante establecer precedentes pues de esa manera se contribuye a prevenir nuevos hechos de violencia. En Venezuela, la denuncia puede formularse ante el Ministerio Público o ante la Defensoría del Pueblo o un órgano de policía. Sin embargo, también las víctimas pueden acudir a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para pedir orientación sobre cómo se formula y cuáles son sus derechos. En el caso de un hecho de violencia, el Ministerio Público tiene como rol principal dirigir la investigación, formular la acusación y solicitar la aplicación de la penalidad correspondiente, entre otras. La finalidad del proceso penal es establecer la verdad de los hechos, por lo que el Ministerio Público debe aportar todos los elementos recabados, incluso aquellos que son favorables para el imputado o acusado.
El Ministerio Público tiene como función velar por los intereses de las víctimas en el proceso y es quien activa con su acto conclusivo las acciones ante los tribunales de justicia. La única vía posible de reparación del daño producido por un evento de violencia, está delineado por la intervención de la ley y el acceso a la verdad. En este sentido, el papel del Estado debería ser irrenunciable ya que, si no actúa cumpliendo con su rol, perpetúa las condiciones para que el dolor permanezca en las vidas de las víctimas y sus familiares, y en el tejido social en el cual se ha producido la grave violación de derechos. Es de esperar que la justicia acarree un cambio en los individuos afectados por el dolor, así como en la sociedad. La justicia puede llegar tarde para las personas, pero persiste su necesidad social, aún después de la muerte de la víctima o del sobreviviente. Las violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, en tal sentido, la búsqueda de la verdad, justicia y reparación son tareas ineludibles que contribuyen a la tan invocada paz en el país.
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