Linda Loaiza López acudió a la Corte IDH como su última esperanza de justicia

Caracas y San José, 6 de febrero, 2018.-  Linda Loaiza López Soto, hoy de 35 años y graduada de abogada, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, para ser escuchada. En su intervención, Linda recordó que el 27 de marzo de 2001, cuando tenía apenas 18 años de edad, fue privada de su libertad. Durante su cautiverio, fue abusada sexualmente, golpeada y amenazada de muerte por su agresor. Cuatro meses después, el 19 de julio, Loaiza logró escapar. Y a pesar de que su cuerpo presentaba indicios de que había sido torturada, fue re-victimizada a través de un proceso judicial que estuvo plagado de irregularidades y estereotipos de género.

Casi 17 años después de esos hechos atroces, Linda Loaiza López acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como su última oportunidad de justicia.

“Soy el reflejo de la violencia física, sexual y psicológica que enfrentamos las mujeres. Yo estoy aquí para alzar mi voz, que es la voz de muchas mujeres de Venezuela y de Latinoamérica que no han podido reclamar justicia por las violaciones de sus derechos”, indicó Linda, “Creo que aquí, en el tribunal interamericano, me darán la justicia que me fue negada en Venezuela: una justicia equitativa”.

“El solo hecho de ser escuchada ha sido un acto reparador para Linda”, dijo Elsa Meany, abogada senior del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. “La Corte puede avanzar aún más con este proceso de reparación al emitir una decisión que ordene al Estado venezolano a reconocer la problemática de violencia basada en género, y tomar medidas para garantizar la no repetición de hechos similares”.

El caso de Linda es emblemático, ilustrativo de la violencia institucional y re-victimización que viven las mujeres en Venezuela. De acuerdo con un informe del Comité de la ONU sobre discriminación de género emitido en el año 2014, la violencia contra las mujeres y niñas “es generalizada y está en aumento”. Asimismo, según el Informe Anual del Ministerio Público de 2014, de las 70.763 denuncias de violencia contra la mujer, sólo el 0.7% han llegado a juicio. Sin embargo, estas cifras no han sido actualizadas y no existe transparencia sobre la ausencia de información.

“Linda ha impulsado debates y cambios para garantizar los derechos a vivir libres de violencia de todas las mujeres de Venezuela”, dijo Liliana Ortega, abogada del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) en la mencionada audiencia: “Ella es un ejemplo de valentía, resiliencia y persistencia, y una defensora de derechos de las mujeres de merecido reconocimiento dentro y fuera de Venezuela. Linda trascendió su historia personal para impulsar una búsqueda colectiva”.

Ortega, en los alegatos finales que presentó ante la Corte, recordó que Linda fue secuestrada, torturada y mantenida por casi cuatro (4) meses en una situación de esclavitud sexual y el Estado venezolano pudo haber evitado esos hechos atroces.

La perita Daniela Kravetz, abogada chilena, experta en violencia de género, aseguró en su investigación que el caso de Linda Loaiza tuvo características de esclavitud sexual.

Para COFAVIC el estudio del caso de Linda Loaiza no solo es importante para Venezuela y el Sistema Interamericano, sino que servirá para el desarrollo del marco de derecho internacional referido a la protección de los derechos de las mujeres.

El caso de Linda Loaiza, el primero de Venezuela de violencia de género que llega a la Corte IDH, tendrá un importante alcance en la protección de mujeres víctimas de violencia sexual por parte de actores no estatales, e impulsará el respeto a obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación integral de víctimas de tortura y esclavitud sexual.

“Casos como este nos dan la oportunidad de evaluar el contexto de violencia de género e impunidad y sus efectos devastadores y desproporcionados en las mujeres venezolanas y latinoamericanas. Esta Corte determinará medidas de reparación para que estas atrocidades tengan una respuesta ejemplar que limiten recurrencia de hechos como los que vivió Linda Loaiza; y una hoja de ruta que permita establecer garantías de no repetición”, señaló Ortega en la audiencia durante la lectura de los alegatos finales.

En efecto, Linda y sus representantes le solicitaron a la Corte que fallara en contra del Estado venezolano, y ordenaron una reparación de forma íntegra a Linda y a sus familiares; la publicación de datos desglosados sobre la violencia basada en género, de manera tal que sea información accesible para el público y revele la prevalencia de los delitos asociados con la violencia basada en género, y su procesamiento por el sistema penal;  y diseñar, en conjunto con sociedad civil y víctimas, protocolos para guiar la investigación penal de denuncias de violencia sexual, y también para guiar una atención médica adecuada.  Se espera que la sentencia se publique entre seis meses a un año, pero antes, la defensa y el Estado venezolano tendrán un mes para desarrollar sus alegatos.

Francisco Quintana, abogado del Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL), aseguró que la decisión que tome la Corte podría ser “histórica” y sentar las bases para llevar a cabo cambios estructurales en las leyes, políticas públicas y administración de justicia en Venezuela.

“Así se saldaría la deuda judicial pendiente en el caso de Linda Loaiza y en el caso de miles de otras mujeres venezolanas que son victimizadas y atacadas cuando intentan alzar su voz”, señaló.

Un informe de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en noviembre de 2017, reveló que América Latina y el Caribe “es la región más violenta del mundo contra las mujeres” y que la situación persiste a pesar de la aprobación de leyes severas.