8 de marzo, 8 acciones por las mujeres
Organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos proponemos
#8AccionesPorLasMujeres
Caracas, 8 de marzo 2022
Para este 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas propusieron como tema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” con el objetivo de reconocer la importante y necesaria contribución de las mujeres, adolescentes y niñas en la construcción de un futuro más sostenible para todas las personas1.
Del mismo modo, la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles incluye la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres, adolescentes y niñas como su objetivo N°5. Para alcanzarlo, los Estados deben poner fin a todas las formas de discriminación contra ellas mediante el desarrollo de normas, políticas públicas y acciones basadas en los principios de equidad y complementariedad, con pertinencia sociocultural, lingüística y enfoque de género intercultural e interseccional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado consagra la igualdad como uno de sus máximos valores2 y no permite las discriminaciones, esto con el objetivo de alcanzar una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural3. No obstante, se requieren acciones y voluntad para llevarla a la práctica.
La igualdad de género es hoy un concepto efímero en Venezuela, una realidad que se desdibuja ante la profundización de las brechas de género derivadas de la crisis económica, social, política y humanitaria que padece el país desde hace varios años, agudizada por el impacto del COVID 19, que expone a las mujeres, adolescentes y niñas a mayor riesgo y discriminación.
Es imposible hablar de Igualdad de Género en la Venezuela de hoy, cuando:
- 2.52 millones de mujeres, adolescentes y niñas son población vulnerable4 que no cuenta con los medios para garantizar su supervivencia y requieren una pronta respuesta institucional y comunitaria para prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección. Las mujeres, adolescentes y niñas representan el 56% de la población meta del Plan de Respuesta Humanitaria para 20215.
- El número de femicidios se ha más que duplicado en los últimos 5 años, de 122 en 2016 ascendió a 290 en 20216. Los femicidios son la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres que ocurre en el país, no sólo de la que se da en el contexto de las relaciones de pareja, sino también de aquella que se produce a nivel comunitario, de la derivada de la discriminación por razones de identidad de género u orientación sexual, de la expresada en forma de explotación sexual comercial, trata y tráfico de mujeres, adolescentes y niñas, y de la violencia sexual en sus diversas manifestaciones.
- La trata es la segunda causa de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela7 y una forma extrema de violencia basada en género que se encuentra invisibilizada por la misma naturaleza del delito y cuya incidencia es significativamente mayor en población femenina8. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito confirma que existe correlación entre la contracción del producto interno bruto (PIB) y el aumento de los flujos de trataoriginados en Venezuela hacia países de América del Sur, Centroamérica, Europa occidental y meridional, central y sudoriental. Para el primer semestre del 2021, se reporta el rescate de apenas 147 venezolanas tratadas9.
- El acceso a la justicia para las mujeres que han sufrido una situación de violencia no está garantizado. El 91,5% de las denuncias por violencia contra las mujeres son archivadas o sobreseídas10. El número de denuncias de violencia contra las mujeres también ha disminuido drásticamente en los últimos 6 años11. Esto obedece a fallas en la recepción de las denuncias y a la desconfianza de las mujeres en la institucionalidad del sistema de justicia, incapaz de brindar seguridad, protección, tutela jurídica efectiva y reparación.
- La violencia hacia las mujeres atenta contra derechos individuales y colectivos fundamentales. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad han sufrido la violencia física en 97,7% y de violencia sexual en 79,5%, generando consecuencias negativas en su esfera personal12 y afectando sus derechos individuales. Por su parte, en los pueblos indígenas, donde las mujeres son garantes de la vida, la existencia y permanencia de las culturas originarias, poseedoras de los conocimientos ancestrales y transmisoras de los valores, principios e idiomas maternos, la violencia contra ellas afecta su esfera personal, representa una amenaza a la continuidad cultural y constituye un factor que perturba la conservación y protección de la madre tierra y la vida en el planeta.
- Las mujeres indígenas en Venezuela no cuentan con la protección especial que requieren debido a la interseccionalidad de diversas condiciones de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, indígenas, por estar en situación de pobreza y por su cosmovisión. No tienen garantizados sus derechos humanos, particularmente el derecho a una vida digna, a una vida libre de violencia, a la alimentación y a la salud. De cada 100 indígenas, 10 viven con VIH y no cuentan con los medicamentos para sobrellevar las enfermedades endémicas y disminuir la tasa de mortalidad13.
- La violencia obstétrica y la espiritual se profundizan en esta población que va perdiendo sus costumbres ancestrales. La explotación sexual comercial es una grave realidad en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, donde prevalece el estereotipo de inferioridad sexual de las mujeres. También sufren violencia política.
- Venezuela no cuenta con normativas referentes a la identidad de género u orientación sexual que brinden protección a las mujeres LBTIQ+, ni leyes integrales que permitan a las mujeres supervivientes defenderse contra la discriminación, o el abordaje a los delitos de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género.
- Las mujeres venezolanas tienen vulnerado su derecho a la salud al no tener acceso a programas de información, prevención, diagnóstico y tratamientos oportunos para condiciones de salud crónicas como el cáncer, hipertensión y el VIH.
- Las mujeres trabajadoras suelen percibir un 17.7% menos del salario que los hombres en el mismo cargo; se enfrentan a no ser contratadas por su condición de mujer y posible condición de madre, y no cuentan con espacios de trabajo libre de acoso14.
- Las mujeres de sectores populares, las más vulnerables, además de pobreza económica poseen pobreza de tiempo. Estas mujeres dedican entre 13 y 16 horas diarias a labores de cuidado y no tienen tiempo para actividades remuneradas15.
- La crisis de servicios, energética y de transporte hacen más pesada esta carga de cuidados. Las mujeres que están al pie de la cama de sus hijos e hijas en hospitales públicos realizan un trabajo no remunerado y no cuentan con ninguna pensión del Estado16. No se les reconoce su labor como cuidadoras no profesionales, actividad que representa un gran ahorro para el sistema de salud. No existen políticas públicas de cuidado en el país. Las sobrecargas de cuidados en las mujeres reproducen la feminización de la pobreza y las hacen más vulnerables a la violencia.
- La educación pública venezolana está en crisis, existe un déficit de docentes -en su mayoría mujeres- que se estima en 24,9%, y de este total, el 40% es debido a la migración forzada17. La deserción estudiantil a nivel básico y medio se situó en un 15% en los últimos tres años18. Adicionalmente, hay un deterioro generalizado en servicios (agua, electricidad, internet) e infraestructura19, barreras de acceso a materiales educativos y a los propios planteles por la crisis de transporte. La extrema pobreza de la población20 y las brechas tecnológicas limitan el acceso a la educación a distancia21. Todo esto genera consecuencias negativas en el proceso educativo, bienestar general y salud mental de niñas, niños y adolescentes.
- En el caso de las niñas y adolescentes se suman barreras asociadas a las cargas de cuidado y a la pobreza menstrual. Hay vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Menos de la mitad de las mujeres de 15 a 49 años22 y apenas el 37,9% las adolescentes sexualmente activas utilizan métodos anticonceptivos23. La baja tasa de prevalencia obedece a fallas en el acceso a los mismos, toda vez que más del 50% de las mujeres no pueden comprarlos debido a los altos costos. Esto repercute en embarazos no deseados, embarazos de alto riesgo en adolescentes, abortos inseguros y en definitiva, en una pérdida de la autonomía física para las mujeres.
Ante esta crítica situación, es necesario llevar a cabo #8AccionesPorLasMujeres, a fin de garantizar los derechos humanos y la protección integral y efectiva de mujeres, niñas y adolescentes venezolanas. En concreto, exhortamos a:
Los donantes, las agencias de la ONU y las organizaciones internacionales humanitarias:
Garantizar que el 100% de las acciones de respuesta humanitaria y programas de desarrollo cuenten con un enfoque participativo y centrado en la persona sobreviviente, en el que las mujeres, niñas y adolescentes sean protagonistas de su proceso para salir de situaciones de violencia, así como de su desarrollo integral (económico, psicológico, social y de participación política), el de sus familias y comunidades, a fin de acceder a medios de vida e incentivar la independencia y autonomía económicas.
Asegurar que exista una adecuada transversalidad24 del enfoque de género en la Respuesta Humanitaria; que toda acción se dirija a disminuir las brechas de género y que con ellas no se refuercen estereotipos de género, ni sexistas. Estas medidas contribuirán a que la igualdad de género sea posible.
Exigir que toda acción o programa, cuente con enfoque interseccional25 de diversidad cultural y multiétnica, a fin de no generar brechas intragénero y garantizar una respuesta real y efectiva a aquellos grupos de mujeres marcados por vulnerabilidades diversas como mujeres de pueblos indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres con VIH, adultas mayores, lesbianas, mujeres trans, mujeres campesinas, mujeres cuidadoras, mujeres privadas de libertad, entre otras.
Instar al Estado venezolano a la actualización, producción y publicación de estadísticas que permitan la formulación de políticas públicas para la erradicación de la violencia, y que promuevan el desarrollo de programas y sistemas de recolección, sistematización y análisis de datos sobre las distintas realidades y problemáticas que afectan a las niñas, adolescentes y mujeres. Así mismo, a que se establezcan los mecanismos o instancias de sinergia para la integración, colaboración y activa participación de las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, comunitarias y defensoras de derechos humanos de la sociedad civil venezolana.
Fortalecer las organizaciones de mujeres, feministas, comunitarias y de derechos humanos con trabajo en materia de mujeres, niñas y adolescentes, y proteger la integridad y seguridad personal de las defensoras y feministas. Es urgente corregir la utilización de las organizaciones locales como subcontratadas. Las organizaciones lideradas por mujeres y/o de derechos de las mujeres se encuentran entre los activos más valiosos de la atención a las comunidades y la respuesta humanitaria porque: a) están en la primera línea de respuesta; b) son las que mejor conocen las necesidades y permanecen en el territorio, aun cuando las organizaciones internacionales pasen a atender la siguiente crisis; c) suelen tener un enfoque integral y de largo alcance que supera el modelo de asistencia de corto plazo. Solicitamos que el Coordinador Humanitario lidere un plan de contingencia y mitigación de riesgos, dirigido a organizaciones locales y en específico a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres. Los casos de detención, abusos, allanamientos e incautación de bienes que han sufrido distintas organizaciones locales erosionan el espacio humanitario y ponen en riesgo su labor, libertad e integridad personal.
Desarrollar presupuestos sensibles al género, que garanticen un porcentaje a las organizaciones de mujeres y feministas, y establezcan mecanismos eficaces de transparencia en la gestión de recursos y la rendición de cuentas. En línea con los compromisos internacionales de la “localización” firmados por organizaciones internacionales y agencias de ONU, como el “Grand Bargain” y “Charter for Change”, los presupuestos deben permitir la implementación directa de las organizaciones locales y cumplir la meta de 25%.
A la institucionalidad venezolana:
Garantizar la creación de un mecanismo de participación democrático de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil en la Comisión Nacional para el Cumplimiento del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instancia creada recientemente en el marco de la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia realizada en diciembre de 2021.
Fortalecer las capacidades y herramientas de las servidoras públicas, servidores públicos y de todas las Instituciones que integran el Sistema de Administración de Justicia Especializado en Delitos de Violencia contra las Mujeres, para garantizar un efectivo acceso a la justicia a las niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela, y permitir el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas de protección y de seguridad decretadas por los órganos competentes, garantizando así la reparación integral.
Firmamos:
