Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 se produjeron fuertes lluvias en el Estado Vargas, Venezuela, las cuales ocasionaron deslizamientos de tierra y piedras en las estribaciones del cerro Ávila, afectando el litoral costero de dicha región. El 16 de diciembre de 1999 la Asamblea Nacional Constituyente decretó el estado de alarma en el Distrito Federal y en ocho Estados del país y facultó al poder ejecutivo nacional para implementar las medidas necesarias con el fin de evitar daños mayores y atender las necesidades de la población afectada por dicho desastre.
Debido a la situación de inseguridad que afectó a la región en la que había ocurrido el desastre natural, se dispuso el despliegue en la zona de infantes de marina, efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército, así como de la DISIP. En el cumplimiento de las medidas ordenadas para restablecer el orden público, se presentaron algunas situaciones de violación a los derechos humanos, tal como los hechos del presente caso, los cuales fueron perpetradas por determinados miembros del Ejército y de la DISIP. En este contexto se produjeron las detenciones de los señores Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, quienes posteriormente fueron desaparecidos.
