08 - 06 - 2019

Bachelet en Venezuela: la esperanza de las víctimas


Crónica del encuentro de las víctimas reunidas por COFAVIC y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (21 de mayo de 2019)
M.Bachelet es abordada a su llegada por denunciantes de ejecuciones extrajudiciales

Las manos se reparten las tijeras apenas la impresora empieza a expulsar sus nombres y apellidos, sus fotos sonriendo, en la playa, con sus novias, con sus togas y birretes, pulgar arriba, V de victoria, y en los casos más recientes o precarios o antiguos, difícil precisar, la máquina va despachando ampliaciones al ciento por ciento de sus cédulas de identidad, fotos carnet, o fotocopias de fotocopias desgastadas a lo largo de tantos años, de tantas reproducciones, esperando que sus nombres, sus rostros, sus asesinatos sin razón no queden sin justicia.  

Son hombres, son jóvenes, son prácticamente niños que ya no están, pero siguen vivos en el corazón, en el dolor de sus familiares que se han reunido en la oficina de Cofavic para poner sus retratos en orden, recortarlos, pegarlos en unas cartulinas negras, y en otras blancas escribir con marcadores, en letras lo más grande posible, las palabras Justicia, Bachelet, Derechos, Impunidad, Víctimas.   El operativo comenzó días antes del jueves 20 de junio de 2019, apenas Cofavic les dio la buena noticia de que para esa fecha se había logrado incluir una reunión en la agenda de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, durante la visita de tres días que realizaría a Venezuela.  

Hasta las primeras horas de ese día 20, el sitio donde tendría lugar el encuentro iba a ser una oficina en las inmediaciones de La Castellana, muy cerca del Centro Comercial San Ignacio, lo cual aseguraba un fácil desplazamiento y acceso a las víctimas que habían sido convocadas.  No obstante, poco antes se le informó a Cofavic que el punto de reunión había sido cambiado “por razones de seguridad”, y que la nueva dirección era un lugar más distante, de acceso peatonal imposible y sin transporte público a disposición: la sede de la Universidad Metropolitana, situada en el extremo este, al límite de la autopista que separa Caracas de las ciudades dormitorio del estado Miranda.  Pese a las dificultades que entrañaba el cambio de señas fue posible consolidar un grupo de 40 personas, incluidos los familiares de casos ocurridos en el estado Lara que habían emprendido el viaje la noche anterior.  

Una oportunidad histórica

La entrevista con la doctora Bachelet fue establecida como una reunión de carácter privado, no solo para presentar sin coerción los delicados testimonios sobre detenciones arbitrarias, torturas y brutales asesinatos, sino también para proteger a las víctimas de una exposición pública que acentuara su vulnerabilidad y revictimización.  Por tanto, Cofavic cuidó al extremo la circulación de información relativa al encuentro y declinó solicitudes de medios de comunicación para registrar la reunión. 

Para Cofavic el protagonismo debía corresponder, sin duda, a tantas víctimas que, luego de años, dilaciones, burlas institucionales, negligencia, abuso, descrédito e impunidad, tendrían por primera vez la posibilidad de narrar la secuencia de las injusticias sufridas ante una personalidad de relevancia mundial que, creen, puede marcar la diferencia.  La reunión estaba prevista para las 5:00 pm, pero ya desde el mediodía las víctimas empezaron a congregarse en la oficina de Cofavic, para gestionar un medio de traslado que les permitiese acceder a la colina donde está ubicada la Universidad.   

Durante la espera, en torno a la gran mesa de la sala de juntas, las madres y hermanos que acababan de llegar de Carora y El Tocuyo, miraban con ojos enrojecidos y en silencio los retratos en papel de sus seres queridos recién asesinados. Relataban en voz baja cómo les fueron arrebatados, desde el instante en que los agentes policiales ingresaron a sus viviendas, minuto a minuto,  hasta los signos del suplicio al que fueron sometidos y que les resultaron evidentes cuando por fin les entregaron sus cuerpos.  

Las voces de las otras víctimas revelaban, mientras tanto, el terror e indignación bajo los que continúan sus vidas debido al ataque enmascarado de las fuerzas policiales en sus barrios.  No son 40 casos, ni 100, sino 9350 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2018 (solo los registrados por Cofavic), de los cuales 3684 han sucedido entre 2017 y 2018.   “El otro día las FAES entraron a la casa de una vecina”, “en las escaleras encontraron al muchacho”, “los tiros se oían desde mi casa”, intercambian las mujeres en referencia a lo que han visto y escuchado hace poco en los sectores donde habitan: Petare, El Valle, San Bernardino, Gramoven, los valles del Tuy, torre Viasa, La Bandera, Macarao, Caricuao y más. En la distancia no es posible distinguir que las variadas conversaciones de los grupos no son sobre cordialidades y asuntos menores. Son historias de muerte, de violencia, de asalto, las que se cuentan en un ámbito de identidad y confianza mutua.  “Los matan como les da la gana, arrodillados.  Nuestros hijos tienen derechos”, comenta una madre de gorra blanca.  “A mí me destruyeron mi vida, ya no tengo ganas de nada”, responde otra madre que ha llegado desde Guatire. 

Frente a frente

Cuando la Alta Comisionada entra al auditorio secundada por funcionarios de la ONU y escoltas, los asistentes se levantan de sus asientos en señal de respeto. Michelle Bachelet se sienta frente al grupo, se toma unos instantes para contemplar las consignas y peticiones que rezan en las pancartas, y  Liliana Ortega, cofundadora de Cofavic, explica la dinámica:

Liliana Ortega, cofundadora de COFAVIC, explica detalles a la doctora Bachelet

“En Cofavic tenemos una visión histórica sobre casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, porque estamos trabajando desde 1989 a raíz de El Caracazo.  Nosotros acompañamos y apoyamos a familiares víctimas de estas situaciones, y hoy son las mismas madres y víctimas quienes han decidido venir a presentarle cuatro casos emblemáticos sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Agradecemos muchísimo este espacio que nos ha brindado, que les ha brindado a las víctimas de la violencia en Venezuela”.  

Antes de escuchar los testimonios, Bachelet pide unos minutos para poner al corriente sobre aquello en lo que ha venido trabajando junto con sus asesores a propósito de la visita a Venezuela.  “Queremos contarles en qué estamos”, dice, “quiero que sepan que estamos al tanto de lo que se está viviendo en Venezuela y por esa razón, nosotros no podíamos no juntarnos con ustedes y escucharles. Esta no es una visita de cortesía, sino una visita para tener resultados concretos.  Uno de ellos es instalar aquí una oficina con un coordinador residente que pueda seguir trabajando con la sociedad civil y ver de qué forma podemos ser más activos.  La idea es constituir una oficina no con asesores, sino con oficiales de Derechos Humanos que van a cumplir el mandato de nuestra oficina en Venezuela”.

Y añade: “Yo me he estado reuniendo con diferentes actores, hoy en particular con representantes del Estado, del Ministerio de Justicia, la Defensoría, Fiscalía, y a todos les he manifestado las denuncias que tenemos, que hemos recogido con nuestro equipo técnico sobre los asesinatos de jóvenes venezolanos cometidos por las FAES”.

Ortega agradece sus palabras, las madres y demás familiares se dan apoyo entre sí apretándose las manos.  “Señora Bachelet, esperamos que su voz sea la voz de las víctimas.  Sabemos que su oficina y su equipo han venido haciendo un enorme esfuerzo por monitorear nuestra situación desde Ginebra y Panamá.  Muchas gracias por escuchar sus testimonios”, apunta Ortega y a continuación da inicio a la presentación de cada uno de los casos elegidos para representar la situación de las víctimas.  Bachelet y su equipo se preparan para tomar notas. 

Los testimonios

Enrique Suárez es el primero. Recibe nervioso el micrófono y respira hondo para contrarrestar su ansiedad. Quiere contar su historia, pero tener público le atemoriza. Con la otra mano sostiene la foto en primer plano de su hermano, impresa a color, pegada en un cartón.

“Vengo de Carora. Mi hermano Luis Enrique Ramos fue torturado y asesinado el 24 de enero de este año, luego de las protestas que hubo en el país el 23 de enero.  Quince funcionarios de las FAES entraron sin orden judicial a su casa, supuestamente con órdenes presidenciales.  Estaban mi mamá, mi papá, que son dos señores de 60 y 62 años, mi hermana, otro hermano mío que tiene discapacidad, y niños de ocho años. Nos apuntaron con armas larga a la cabeza. Un policía encapuchado le sacó una foto a mi hermano, y junto a otros dos salieron y se acercaron a un vehículo cuyo dueño es miembro de un Colectivo, y él dijo que era positivo, que a mi hermano Luis Enrique era al que estaban buscando.  Mi hermana dijo que ellos no se iban a llevar a Luis Enrique y empezó a grabar con su teléfono, y entonces los funcionarios llamaron a las Femeninas, que entraron directo a pegarle a mi hermana. A mi familia la aislaron en un cuarto con varios policías, y al pasar por la ventana vi como 50 funcionarios afuera custodiando y asediando a la comunidad con las armas, para tapar lo que estaban haciendo en mi casa, para que la gente no viera.  Un funcionario me dice que no me preocupe, que eso es una operación de rutina, y en eso escuchó dos disparos”.

Enrique Suárez describe la ejecución extrajudicial de su hermano

Enrique se queda mudo recordando la situación, tocándose el pecho con el micrófono, indicando los orificios de bala en el cuerpo de su hermano.  Todo queda en silencio, él intenta reprimir su llanto.  Michelle Bachelet suelta su bolígrafo y va directo a abrazarlo, liberándolo.  

“Lo sacan desnudo.  Deja tres hijos huérfanos”, prosigue la víctima.  “Llegamos a la morgue, y lo primero que nos dijeron fue que no podíamos sacarle fotos, ni nada, pero en realidad lo que queríamos era darle consuelo.  A mi hermano le quemaron el pene, tenía sangre en el ano, y los tiros que le dieron fueron a quemarropa”.

Con cada palabra de Enrique, el dolor íntimo de las otras víctimas revive. Se enjugan las lágrimas, suspiran, se espantan. “Así trataron a mi hijo también” comenta en voz baja la madre que sostiene sobre sus piernas un letrero que reza: “Nuestros jóvenes mueren o huyen de las balas”

“Fuimos a la Fiscalía 21 en Lara, y nos dijeron que no había ninguna investigación abierta.  A partir de entonces, el Consejo Comunal empezó con amenazas porque sabían que habíamos ido a Cofavic y que estábamos haciendo las diligencias para hacer la denuncia.  Nos dijeron que, si seguíamos así, ellos tenían una lista de 17 personas que iban a terminar igual que mi hermano.  Señora Bachelet, pedimos que se eliminen las FAES, no que se les cambie el nombre, ni que se cree otro cuerpo así. Y señora Bachelet, también le pedimos protección como víctimas”. 


Miriam Gamarra, fue la segunda víctima en tomar la palabra.  “Hablo como madre y como mujer. Mi único hijo tenía 21 años y estaba en régimen de presentación por las protestas que hubo en Venezuela en 2017.  El día 13 de mayo, las FAES, sin orden alguna, entraron a las cinco de la mañana a la casa donde mi hijo vivía con su pareja.  A ella le dijeron que a mi hijo no le iba a pasar nada”.

Miriam Gamarra expone su caso: «Hasta hoy no sé de qué acusaban a mi hijo»

Miriam hace una pausa, toma aire, pero no logra evitar que se le quiebre la voz.  “Pero, a los cinco minutos, le dieron un disparo en el pecho.  Fui al Cicpc, y luego de cuatro días la Fiscalía 127 se hizo cargo del caso.  Me dijeron que había una orden presidencial de ejecutar a todos los que estaban bajo régimen de presentación por las protestas.  Hay una permanente intimidación, de hecho, en ciertas zonas donde yo vivo pintaron paredes de negro con calaveras, para asustarnos. Nosotros somos del lado de la oposición. Señora Bachelet, yo le pido que se eliminen las FAES, que se haga justicia.  Mi hijo era inocente y hasta el día de hoy yo no sé de qué se le acusaba”. 


El tercer testimonio corresponde a Ernesto Mijares. “Yo soy padre de un joven asesinado por las FAES el 12 de noviembre de 2018. Llegaron al edificio veinte policías encapuchados, subieron piso por piso y sacaron a todos los hombres a la planta baja.  Ahí preguntaron quiénes estaban en régimen de presentación y entonces… los ejecutaron a todos. Fueron siete muchachos.  Fuimos a la Defensoría, ahí nos dijeron que debíamos ir a la Fiscalía y así.  Señora Bachelet, las FAES son un cuerpo de exterminio.  Si usted habla, su voz va a ser escuchada. No podemos seguir con esta matazón”. 

Ernesto Mijares expone la ejecución extrajudicial de 7 jóvenes, incluido su hijo

Antes de concluir la ronda de testimonios, Liliana Ortega le cede la palabra a otro caso, un agricultor sobreviviente de un ataque de las FAES.  Su nombre es César Sequera.   “Donde yo vivo mataron a tres jóvenes.  Fueron las FAES.  Yo estaba en mi casa con mis sobrinos, y fueron ellos los que me despertaron gritando, diciendo que allá afuera estaba el gobierno.  Me asomo por la ventana y veo a unos policías metiéndose en una casa, tienen a los tres muchachos arrodillados en la sala con la cara tapada.  Son como 35 funcionarios entre las FAES y el Cicpc. Cierro la puerta, pero empiezan a tocarla, la golpean y me gritan que la abra o me van a matar.  En la casa vecina de escuchan las torturas.  A uno de los jóvenes le fracturaron el cráneo con un tubo, y luego le dieron dos disparos en el pecho a cada uno.  Los acusaron de guarimberos, de que tenían armas. Los policías me tomaron fotos, me amenazaron.  Ya no puedo salir de mi casa, de mi comunidad porque tengo miedo.  Yo soy del campo y no puedo vivir en mi casa. Ser pobre y humilde es para las FAES lo mismo que ser criminal”.

Cifras y patrones

A continuación, toman la palabra los dos abogados de Cofavic, quienes resumen las cifras y los patrones de actuación de las fuerzas de seguridad.  Ronnie Boquier señala que estas graves violaciones de derechos humanos ocurren de forma sistemática en los sectores populares del país.

“Cofavic, de modo independiente ante la opacidad de información oficial, ha registrado 9530 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, en 98% de los casos las víctimas son hombres menores de 25 años.  El 69% de estas ejecuciones ocurren en procedimientos especiales con participación de fuerza mixta de cuerpos policiales y militares.  También hemos documentado casos de presuntas masacres, que han dejado cuatro asesinados por hecho.  Según lo que hemos registrado, los cuerpos de seguridad suelen ingresar a los sectores populares desde tempranas horas de la mañana, son entre 15 y 32 funcionarios, en un gran despliegue de vehículos oficiales, con los rostros cubiertos con pasamontañas o máscaras, y armas de fuego de alto calibre.  Los funcionarios entran a las viviendas sin orden judicial, y en un número importante de casos las víctimas son asesinadas cuando reconocen tener antecedentes policiales o hallarse en procesos penales.  A veces los jóvenes son torturados y asesinados frente a sus familiares, y hemos documentado casos de desnudez forzada de niñas y mujeres.  Las víctimas reportan que en algunos casos esas actuaciones están acompañadas por personas pertenecientes a los grupos colectivos creados por el Gobierno, y hemos visto en transmisiones de televisión cómo se les dan en vivo y directo instrucciones bajo la premisa de proteger a la patria.  En esas incursiones se han robado comida, dinero y enseres. Posteriormente, los funcionarios amenazan a familiares y vecinos, y han instalado módulos o comandos permanentes en las zonas populares con el propósito deliberado de amedrentar a la población e inhibir la denuncia”.  

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989

Por su parte, Karla Subero se refiere a los patrones de impunidad registrados en el proceso penal.  “El 30% de los casos se inicia la investigación a partir de la denuncia. Se obliga a las víctimas a ir al cuerpo policial cuyos funcionarios han asesinado a la persona, donde se maneja la tesis de que las muertes se producen durante enfrentamientos, lo cual genera una revictimización. En 95% de los casos acompañados por Cofavic se ha obtenido esa respuesta de parte del Cicpc, pero también de parte de la misma Fiscalía.  El estado de las investigaciones no avanza.  Tenemos documentados casos que llevan más de 13 años y aún este se encuentra en fase preparatoria porque no fueron practicadas las experticias de modo oportuno. Solo cuatro casos han llegado a tribunales, pero la suspensión de audiencias es sistemática y hasta hoy ninguno de esos cuatro casos ha podido estar frente a un juez. Otra manera de revictimizar a quien denuncia es el cambio constante de fiscales que atienden los casos y los obstáculos para que las personas tengan acceso a sus propios expedientes. Tenemos conocimiento de que hay algún tipo de instrucción para que los casos vinculados a estos cuerpos policiales que han sido señalados no sean investigados.  Si se logran abrir investigaciones ante la Defensoría del Pueblo, nada trasciende. Y con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal de 2012 se redujo la tutela de las víctimas, porque se eliminó la posibilidad de que las organizaciones de defensa de los derechos humanos podamos apoyar y acompañar a las víctimas”. 

Texto: Yeniter Poleo/ Fotos: Guillermo Suárez