Presentamos la actualización de cifras sobre agresiones a personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Venezuela, en una transmisión simultánea vía Zoom desde Caracas y Bruselas. Liliana Ortega por COFAVIC, Miguel Martín Zumalacárregui por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y José Gregorio Guarenas (Vicaría de Caracas para los DDHH), expusieron los hallazgos y cifras documentados en el Informe Enemigos Internos: defender derechos humanos en Venezuela en el contexto por la pandemia de Covid 19.

En este contexto hemos registrado una preocupante escalada de agresiones, actos de hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos y actores humanitarios, que ha implicado el uso indebido del derecho penal contra personas y organizaciones, en el contexto de una política sistemática de estigmatización, persecución y criminalización. En ese orden de ideas, también registramos una serie de ataques contra medios de comunicación social en el país, lo que contribuye a la reducción significativa del espacio cívico. Entre los medios y organizaciones defensoras del derecho a la información se encuentran: Efecto Cocuyo, VPI TV, Panorama, Tal Cual, El Pitazo, radio Fe y Alegría y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

La publicación Enemigos internos:  defender derechos humanos en el contexto de la pandemia Covid-19 en Venezuela, constituye una actualización del informe presentado a principios de 2020, titulado Enemigos internos: la defensa de derechos humanos bajo riesgo en Venezuela. “Nuestras organizaciones han podido constatar el aumento de los ataques, que revisten un carácter tanto cuantitativo como de gravedad en los patrones registrados, habiéndose incrementado las cifras de ataque en contra de personas y organizaciones que defienden derechos humanos en más de un 157% con respecto a las cifras de 2019”, se expresa en este documento que reporta las agresiones registradas a lo largo de 2021 en el contexto de los estados de alarma decretados por el Estado venezolano.

Durante 2020 el aumento fue exponencial, en parte porque también se mantuvo la curva ascendente de acciones de exigibilidad de derechos ante la gravedad de la emergencia humanitaria profundizada por las restricciones de los estados de excepción debido a la pandemia:  solo en el primer semestre de 2020 hubo en promedio 25 protestas diarias (equivalente a un total de 4414 en ese periodo).

El informe es resultado de la Alianza para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, apoyado por la Unión Europea y desarrollado por COFAVIC, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Vicaría de Caracas para los Derechos Humanos. 

Cifras y contexto

Aumento de 157% de agresiones con respecto a las cifras de 2019

Desde octubre 2018 a octubre de 2020 se documentaron 338 casos de ataque contra personas u organizaciones defensoras de Derechos Humanos. 

Algunas conclusiones específicas del Informe:

• Se ha creado un andamiaje jurídico restrictivo al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil:  en octubre 2020 se publicó una “resolución con normas especiales para el reconocimiento y funcionamiento de las organizaciones asociativas no gubernamentales no domiciliadas en Venezuela, en el cual se restringe su ámbito de actuación y  al mismo tiempo constituye, en la mayoría de los casos, un impedimento para que las ONG nacionales puedan formar alianzas estratégicas con organizaciones que no cumplan con los requerimientos que incluye esta resolución”.
• Resulta preocupante el impacto de la crisis sanitaria sobre el sistema de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva. En marzo 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictó una resolución en la cual dispuso que “ningún tribunal despachará hasta el 13 de abril, de manera que todas las causas quedan en suspenso y no corren los lapsos procesales; exceptuando las acciones urgentes”.
• El 80% de las personas defensoras de derechos humanos encuestadas manifestaron “que no han podido presentar denuncias o realizar el seguimiento de casos ante instancias como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, lo que demuestra un impedimento al acceso a la justicia”.
• Preocupación de organismo internacionales por las violaciones de derechos humanos de integrantes de las ONG, como el caso de Azul Positivo, y el impacto que estas agresiones tiene en la población beneficiaria de la defensa de DDHH.