Cofavic con Orgullo
Todas las personas tenemos derechos humanos:
➡️estemos donde estemos
➡️hagamos lo que hagamos
➡️seamos como seamos
En Venezuela las personas LGBTIQ+ forman la población más discriminada: aunque la Constitución sostiene que todas las personas somos iguales, la ley no les reconoce derechos a formar familia, a la salud, a la educación, a la seguridad personal, al acceso a la justicia, al patrimonio, a la identidad. Ni siquiera a la recolección de estadísticas.
Desde Cofavic no solo instamos al respeto y al reconocimiento de las personas LGBTIQ+ por parte del Estado y de la sociedad civil, al cese a la estigmatización, criminalización y negación de derechos, sino que reivindicamos la labor de las ONG venezolanas que sin respaldo pero sin descanso perseveran en su dignificación.
Reconocer derechos es respetar lo humano
El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el estado de vulneración de derechos a la población LGTBIQ+ (Lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, queer y toda la diversidad sexual) facilita una hoja de ruta para allanar el camino al reconocimiento de derechos para quienes forman parte de esta comunidad tan segregada y estigmatizada históricamente. Algunas de las recomendaciones son:
«Adoptar las medidas necesarias para prevenir la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes por los agentes públicos o aquellos que estén actuando en nombre del Estado, en los espacios públicos y de privación de libertad, así como toda forma de abuso policial, incluyendo la adopción de protocolos y directrices dirigidos a los agentes encargados de hacer cumplir
la ley, así como la capacitación y sensibilización sobre derechos humanos, orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, cuerpos diversos, y los derechos de las personas LGBTI».
Por otro lado, si el derecho a la salud ya es de difícil acceso en Venezuela, lo es aún más para las personas LGBT. Con base en ese dato, la CIDH desarrolló una serie de recomendaciones (link en BIO) dirigidas a los Estados del continente, con el fin de que se brinde un acceso real a la salud pública a quienes integran este colectivo.
Entre estas:
➡️Adoptar medidas comprensivas de sensibilización y concientización para eliminar la estigmatización, los estereotipos y la discriminación contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales.
➡️Realizar actividades de capacitación, periódicas y sostenidas, para funcionarios públicos sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género, diversidad corporal, bien como los desafíos a que
estas personas enfrentan, particularmente para servidores de la administración de justicia, y de los sectores de educación, empleo y salud.
➡️Diseñar e implementar políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGBTI a acceder a los servicios de salud, sin discriminación, violencia o malos tratos de cualquier tipo. a. Garantizar protocolos de salud que atiendan a las especificidades de las personas LGBTI.
Pero lo realmente prioritaria para sentar las bases de una política pública de derechos es la recolección y análisis de datos demográficos, socioeconómicos, de educación, así como registro de violencias contra las personas LGBT, esenciales para diseñar políticas públicas que posibiliten el acceso real a sus derechos. La primera recomendada por la CIDH es justamente esta:
«Implementar políticas de recolección y análisis de datos estadísticos sobre la violencia y la discriminación que afectan a las personas LGBTI, y sobre los diversos aspectos de la vida de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (por ejemplo, educación, trabajo, vivienda, salud), en coordinación con todas las ramas del Estado, de manera desagregada y sistemática; y utilizar dichos datos en el diseño, implementación y evaluación de las acciones y políticas estatales dirigidas a estas personas, así como para formular cualquier cambio pertinente en las políticas ya existentes». Dicha recolección de datos debe ser realizada por personas debidamente capacitadas y entrenadas para ello, con mecanismos para mantener la seguridad y confidencialidad de los datos recaudados; y que estos sean usados para proveer información para la construcción de leyes, políticas y directrices que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.
