215 ataques a la defensa de derechos humanos en el último año
Reporte enero a diciembre 2021
La situación de las personas que defienden derechos en Venezuela, así como el cierre del espacio cívico, son temas que han estado en la agenda de documentación e incidencia de organizaciones no gubernamentales como COFAVIC, desde donde existe un programa de monitoreo y registro de la difícil realidad a la que se enfrentan aquellos, que, desde la sociedad civil, han decidido defender derechos humanos.
COFAVIC manifiesta su preocupación por la creciente crisis de Derechos Humanos y la criminalización hacia quienes defienden derechos humanos. Por ello, consideramos una tarea fundamental, la documentación de los casos bajo un esquema riguroso que permita dar a conocer la realidad del contexto en el que se desarrolla la labor de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. En el caso de este reporte, correspondiente al año 2021, llevamos a cabo la identificación de los casos y la categorización de las variables analizadas de acuerdo con los estándares internacionales de protección.
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El TSJ emitió varias decisiones que limitan seriamente el accionar de la sociedad civil venezolana, respecto a su financiamiento, nacionalidad de sus integrantes y forma de organización.
El mes con mayor número de ataques, dirigidos a criminalizar, estigmatizar, hostigar e intimidar a las personas y ONG que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país fue agosto, con un total de 28 ataques, seguido de abril, con 27, y por último julio, con 25 ataques.
Durante este periodo se registró un total de 215 casos de presuntos ataques a personas y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, de los cuales, 141 ataques, fueron dirigidos a personas, lo que representó el 65% del total registrado; el 35% restante correspondió a ataques contra organizaciones.
U otras injerencias ilegales, arbitrarias o abusivas contra las personas defensoras de derechos humanos, consisten en:
- Obtención de documentos financieros y otros documentos privados sin la debida autorización.
- Intervención de líneas telefónicas.
- Realización de grabaciones secretas sin autorización judicial.
- Llamadas ejerciendo solicitud de información por parte de fuerzas de seguridad que no se identifican.
Uso de inteligencia militar para facilitar ejecuciones de defensores de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado o grupos armados que actúan con aprobación o aquiescencia de agentes del Estado
