26 - 09 - 2022

Lo que dijimos en la ONU


Durante el diálogo interactivo que se realizó durante la presentación del tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en el marco de la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, COFAVIC, por medio de las alianzas con ONG internacionales enfatizamos las áreas más graves que han puesto en evidencia los informes de la FFM, razones por las cuales Venezuela necesita que se renueve el mandato de esta instancia de investigación.

La Organización Mundial Contra la Tortura y COFAVIC

Desde la OMCT y COFAVIC reiteramos nuestra profunda preocupación ante la sistemática persecución, criminalización y amenazas en contra de las personas y organizaciones que defienden derechos humanos en el país.

El Estado venezolano insiste en utilizar los mecanismos judiciales para criminalizar la labor de quienes defienden derechos. COFAVIC ha documentado entre enero y agosto de 2022 178 situaciones de agresiones en contra de personas y ONG defensoras. 83 defensores han sufrido más de un ataque. En 59 casos ha habido intimidaciones y en 28 han existido detenciones arbitrarias. En el 44% de los casos son los periodistas y sindicalistas los más afectados por ejercer su labor de defensa de derechos.

Denuncias públicas realizadas por organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sobre presuntos crímenes e impunidad en el país, han sido utilizadas, como razones para abrir procesos penales y dictar prohibiciones de salidas del país en contra de las personas defensoras que presentan dichas denuncias.

Aún persisten diferentes restricciones administrativas y legales para el ejercicio libre de las ONG, obligando a cumplir con requisitos que afectan el derecho de asociación.

El reciente informe de la Misión Independiente e Internacional de Determinación, resaltó la existencia de motivos razonables para creer que en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad bajo una política de persecución en contra de los grupos que son considerados como disidencia, dentro de los cuales se encuentran las personas que defienden derechos humanos.

Es por todo lo anterior que exhortamos a este honorable Consejo a que se renueven los mandatos de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado para el monitoreo y la rendición de cuentas del Estado venezolano, en especial para seguir documentando de cerca la situación de las personas que defienden derechos humanos en Venezuela.

El Cejil y COFAVIC

Desde CEJIL y COFAVIC expresamos nuestra profunda preocupación frente a las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela que se dan en el amparo de la impunidad.

Recientemente, el Estado venezolano reconoció ante la ONU que de 4.890 investigaciones de ejecuciones extrajudiciales en los últimos 4 años solo el 16% ha obtenido condenas y de 325 acusaciones por torturas únicamente en el 8% se han sancionado a los responsables. COFAVIC ha seguido documentado esta situación y este año 2022 registró un total de 488 a presuntas ejecuciones extrajudiciales, 161 presuntas detenciones arbitrarias y 19 presuntas torturas.

Teniendo en cuenta la persistencia de las violaciones y la impunidad, es sumamente importante que se continúen documentando estos crímenes bajo estándares rigurosos de investigación, como los de la Misión Internacional Independiente. Esto es indispensable para la construcción de la memoria y para mantener la esperanza de alcanzar justicia para centenares de víctimas.

Instamos a la comunidad internacional a continuar apoyando la importante labor de la Misión. Hacemos un llamado enérgico a la protección de todas las personas, organizaciones y víctimas que han colaborado con el mandato de la Misión Internacional Independiente ante posibles retaliaciones.

Es imprescindible la renovación del mandato de la Misión y de la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela. Estos mecanismos deben estar facultados para presentar informes y actualizaciones orales ante este Honorable Consejo.

Hacemos un llamado al diálogo para avanzar en las medidas necesarias para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas y la consolidación del Estado de Derecho.

 

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