Presentamos informe sobre discriminación a mujeres

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) escuchó esta tarde a representantes de organizaciones no gubernamentales e instituciones nacionales de derechos humanos sobre la situación de los derechos de las mujeres en España, Eslovaquia y Venezuela, cuyos informes el Comité revisará esta semana.

En relación con España, los oradores expresaron su preocupación por el incesto, la desigualdad que enfrentan las mujeres gitanas y la discriminación contra las mujeres que consumen drogas.

Con respecto a Eslovaquia, los oradores abordaron, entre otros temas, la discriminación que experimentan las mujeres y niñas romaníes y los problemas que enfrentan las personas transgénero.

Las organizaciones no gubernamentales que hablaron sobre Venezuela plantearon cuestiones, incluida la penalización del aborto, el impacto desproporcionado de las medidas coercitivas unilaterales sobre mujeres y niñas, y el feminicidio.

La Defensoría Pública de Venezuela se pronunció sobre Venezuela, así como las siguientes organizaciones no gubernamentales: 100% Estrógeno; Acceso a la justicia; Asociación Civil Seguros; Cepaz; COFAVIC; IIRESODH; Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres; ULA Mujer; Fundación Género con clase; y Movimiento Feminista Popular

Declaraciones de Organizaciones No Gubernamentales de Venezuela

COFAVIC, Accsi, Consorven, Kapé Kapé, junto a la OMCT y Cejil dijeron que mujeres y niñas fueron amenazadas con violencia sexual, agredidas y detenidas arbitrariamente en Venezuela. También prevaleció la explotación laboral, la prostitución forzada y la trata de personas. Ha habido un aumento en el VIH en Venezuela en la última década, siendo las trabajadoras sexuales las más comúnmente afectadas. El informe del Comité fue un faro de esperanza para millones de mujeres y niñas venezolanas.

IIRESODH dijo que la violencia de género fue perpetuada por el Estado de Venezuela. Desde 2018 no ha habido acciones para implementar medidas de reparación que se habían ordenado en ciertos casos contra cuatro familias. Algunos de estos crímenes habían ocurrido hace 27 años y aún no se había llegado a la justicia.
El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres dijo que la crisis económica venezolana había aumentado la inseguridad para los grupos más vulnerables. Las sanciones no fueron la única y más importante causa del problema estructural que aquejaba al país, ni impidieron que el Gobierno cumpliera con sus funciones, pues seguía vendiendo petróleo y obteniendo rentas petroleras. El Gobierno tenía los recursos para atender la emergencia humanitaria, pero no era una prioridad. Se recomendó al Comité solicitar al Estado que asigne recursos para atender las necesidades que afectan a la diversidad de mujeres, incluidas las mujeres indígenas, y que presente datos oficiales accesibles y confiables.
ULA Mujer dijo que el caso de Naibelys Noel fue uno de tantos en los que una mujer en Venezuela, víctima de violencia de género, fue revictimizada por los órganos policiales y judiciales del Estado. Naibelys Noel fue privada de su libertad el 17 de agosto de 2019, luego de ser acusada injustamente del asesinato de su hijo de 19 meses, perpetrado en realidad ese mismo día por su expareja. Fue estigmatizada en los medios por agentes del Estado como cómplice del asesinato de su hijo. Luego fue detenida «por ser la madre del niño».
Fundación Género con clase dijo que se realizó una encuesta en 23 estados de Venezuela en 2021, que encontró que más del 67 por ciento de las mujeres encuestadas dijeron que el bloqueo económico era su principal preocupación. La reducción de ingresos provocada por las medidas coercitivas unilaterales hizo más probable que se produjeran actos de violencia en los hogares. Las medidas también tuvieron impacto en delitos graves, incluidos el feminicidio y la trata de mujeres.
El Movimiento Feminista Popular dijo que el uso de medidas coercitivas unilaterales ilegales había llevado a un deterioro de la calidad de vida y la salud de las mujeres y niñas en Venezuela. El cáncer de mama era la principal causa de muerte en Venezuela, y las medidas también habían dificultado el acceso a la terapia antirretroviral para tratar el VIH/SIDA. Esta situación afectó gravemente a los grupos más vulnerables, incluidas las mujeres con discapacidad. Se recomendó al Estado crear y fortalecer una política de cuidados, con un enfoque integral, para asegurar la inclusión de medidas sensibles al género.

100% Estrógeno dijo que en Venezuela, los artículos que penalizaban el aborto no habían sido reformados en más de 100 años. El aborto solo estaba permitido cuando la vida de la mujer estaba en peligro y solo a discreción del médico tratante. En 2021, la Asamblea Nacional anunció un proceso de reforma al Código Penal, pero no contemplaba la despenalización del aborto.
Acceso a la justicia dijo que hablaban en nombre de las mujeres, esposas, madres y familiares de quienes habían sido víctimas del crimen organizado y desapariciones forzadas. Denunciaron que en todo el país había una sola cárcel de mujeres. Si bien existían tribunales y cortes, a menudo carecían de un enfoque de género y no tenían capacidad para hacer justicia. Era necesario que hubiera cambios estructurales genuinos en Venezuela, no solo ajustes normativos.
La Asociación Civil Sures dijo que Venezuela ha sufrido en los últimos años por las medidas coercitivas unilaterales, criminales e ilegales, así como por las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Esto había generado una migración económica masiva desde Venezuela en los últimos años. Mujeres y niñas habían sido traficadas por organizaciones criminales y sufrieron violaciones de derechos humanos en los países de destino. Se requiere un mayor fortalecimiento de las políticas migratorias y la cooperación del Estado venezolano con los Gobiernos de la región, para apoyar el retorno seguro de las mujeres migrantes a Venezuela, así como asegurar programas de reintegración productiva.
Cepaz dijo que durante los primeros siete días del mes de mayo hubo un feminicidio cada 24 horas en Venezuela. La violencia se cobró la vida de 282 mujeres venezolanas el año pasado. La falta de datos imposibilitó la elaboración e implementación de políticas públicas que atendieran las necesidades de la población que atravesaba una crisis humanitaria compleja. El Comité había instado a que se publicaran datos desglosados, pero esta recomendación no se cumplió. El Gobierno guardó silencio, pero se escucharon las voces de las mujeres.

ALFREDO RUIZ, Defensor Público de Venezuela, dijo que las mujeres y las familias fueron las principales víctimas de las crueles medidas coercitivas que bloquearon el comercio y los recursos del Estado venezolano, pero que también impidieron el acceso a medicamentos, trasplantes, alimentos e intervenciones quirúrgicas. Las medidas coercitivas unilaterales afectaron derechos como el derecho a la salud, la vida, la alimentación, la vivienda, la educación y la seguridad, entre otros. Los efectos adversos y el impacto socioeconómico provocado por el COVID-19, que afectó a toda la humanidad y generó una crisis socioeconómica mundial, habían agravado aún más la situación en Venezuela y frenado el desarrollo social y económico del país. Además, la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, bloqueos y sanciones ha afectado a toda la población, especialmente a las mujeres, que son el principal sustento de la sociedad venezolana.

Las mujeres en Venezuela, jefas y sostén de la mayoría de los hogares, no solo sufrían penurias económicas y angustias, sino que esta situación había derivado en una mayor incidencia de violencia intrafamiliar, que Venezuela no había podido erradicar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Venezuela ha desarrollado una serie de acciones encaminadas a promover, educar, capacitar y difundir información sobre la prevención de la violencia de género. Consideró imperativo acelerar el proceso de aprobación e implementación del reglamento de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Preguntas de los expertos del Comité

Una experta del Comité preguntó a Venezuela sobre las mujeres en puestos de toma de decisiones.

Respuestas de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos

ALFREDO RUIZ, Defensor Público de Venezuela, dijo que las mujeres que desearon presentar sus denuncias lo han podido hacer y muchas aprovecharon esa oportunidad. Era importante que las mujeres embarazadas llegaran a tiempo a los hospitales para garantizar los servicios de parto. Había una ley que garantizaba que cualquier mujer que estuviera preocupada por su seguridad pudiera denunciar esto. La trata es un fenómeno que el Gobierno se esfuerza por abordar. Existía una red especializada para abordar la trata de personas y brindar apoyo a las víctimas. Cada vez que se emitía un voto popular, tenía que haber paridad. Había bancos especializados para proporcionar flujos de crédito solo a mujeres.