Alto Comisionado presentó informe sobre situación de derechos humanos en Venezuela

«Venezuela debe adoptar medidas para prevenir, mitigar y sancionar todo ataque, intimidación y criminalización de personas con voces consideradas disidentes, y asegurar la participación significativa, inclusiva y vial de los actores, para garantizar el pleno disfrute del espacio cívico».  Con esta proposición comienza la lista de recomendaciones del más reciente informe sobre la situación los Derechos Humanos en Venezuela, del Alto Comisionado, Volker Turk.

El máximo representante ONU en materia de Derechos Humanos presentó el reporte enmarcado en la resolución 51/29 del Consejo de Derechos Humanos, centrado en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas anteriormente por su Oficina a la República Bolivariana de Venezuela. Contiene investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en el periodo del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023  basadas en información recopilada y analizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en particular mediante entrevistas con víctimas y testigos y reuniones con funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, además de la  información oficial proporcionada por el Estado venezolano.

Entre las apreciaciones más destacadas de este informe, resaltaron:

SALUD Y MUJERES

«Los centros de salud reportaron una escasez estructural de fondos y personal que provoca, por ejemplo, apagones periódicos y escasez de agua. Una organización de la sociedad civil estimó que los hospitales de todo el país sólo pueden cubrir los costes de entre el 35% y el 40% del material de emergencia y el 60% de los medicamentos de urgencia. El coste de estos artículos recaería sobre todo en los pacientes y sus familias, lo que limitaría el acceso a las instalaciones, bienes y servicios sanitarios, al tiempo que afectaría de forma desproporcionada a quienes necesitan tratamientos que salvan vidas, incluidos los trasplantes».

«Las mujeres y los niños y las niñas se ven desproporcionadamente afectadas por el deterioro del sistema sanitario, por ejemplo, se calcula que 560.660 niños de entre 12 y 23 meses necesitan la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR). Los servicios de salud sexual y reproductiva, como la atención obstétrica y el tratamiento del cáncer de cuello uterino y de mama, a menudo no están disponibles o son inaccesibles. La sociedad civil denunció, por ejemplo, que el costoso acceso a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que supera los 100 dólares estadounidenses, ha contribuido a que, según los informes, la tasa de muertes causadas por cáncer de cuello uterino haya aumentado un 66,9% desde 2019».

MUJERES INDÍGENAS

«El ACNUDH recibió denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, en particular en zonas mineras de los estados de Zulia, Bolívar y Amazonas, donde operarían organizaciones armadas y delictivas no estatales, incluyendo implicadas en el narcotráfico y la minería. El ACNUDH recibió denuncias de violencia sexual contra niñas indígenas por parte de presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y garimpeiros, mineros ilegales procedentes de Brasil, en el estado de Amazonas. Otras denuncias indicaban trata de mujeres y niñas indígenas para su explotación sexual en zonas mineras o por miembros de grupos armados».

«Según los informes, la pandemia de Covid-19 exacerbó la malnutrición entre los pueblos indígenas y su capacidad para buscar atención médica en centros médicos a menudo distantes, especialmente en los estados de Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas. Los embarazos precoces, las complicaciones durante el embarazo y el parto, así como las enfermedades infecciosas amenazan la supervivencia de las mujeres y los niños indígenas. Según los informes, la falta generalizada de acceso a alimentos e ingresos adecuados ha provocado una migración significativa de indígenas a zonas urbanas y mineras, y al extranjero, contribuyendo a la pérdida progresiva y a largo plazo de sus instituciones y formas de autoorganización, e interfiriendo gravemente en su derecho a la autodeterminación».

SALUD Y PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

«El ACNUDH expresó preocupación por las condiciones de salud de muchas personas detenidas, incluidas 23 personas reclusas que esperaban respuesta a solicitudes de medidas humanitarias u otras medidas alternativas a la detención (tres en la jurisdicción militar y 20 en la ordinaria), y 63 que esperaban traslados médicos. La prestación de servicios médicos oportuna y adecuada para la salud física y mental de las personas detenidas es parte de la responsabilidad del Estado, de manera gratuita y sin discriminación por su condición jurídica».

TORTURAS

«Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó casos de 22 personas que presuntamente fueron torturadas o sometidas a malos tratos en centros de detención entre 2018 y 2022. Estos últimos casos se suman a los 92 documentados anteriormente del mismo periodo. Del total de 114 casos, 62 fueron atribuidos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y cinco al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El temor a las represalias y la desconfianza en las instituciones y las autoridades han contribuido a que no se denuncien todos los casos de tortura ante las autoridades. El ACNUDH reitera su recomendación de cerrar los centros de detención anteriormente administrados por los servicios de inteligencia y de velar por que los centros de detención cumplan las normas internacionales».

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

«Es posible que no se denuncien todos los casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad, incluso debido al temor a las represalias y al acceso limitado a las zonas donde se han producido los incidentes. El ACNUDH documentó casos de 17 muertes (todas de hombres) en este tipo de operaciones, siete de las cuales se produjeron entre mayo de 2022 y abril de 2023.
55. Con respecto a las 101 personas (todos hombres, incluidos seis menores de edad) que murieron en el contexto de operaciones de seguridad documentadas por el ACNUDH, incluidas las anteriores al período del presente informe, 90 muertes siguen siendo investigadas por la fiscalía general, sólo ocho casos han sido juzgados y tres sentenciados, dos de los cuales resultaron en condenas por homicidio. Los familiares de al menos 38 víctimas denunciaron dificultades persistentes para acceder a los expedientes de los casos, y los familiares de 59 víctimas denunciaron la ausencia de respuesta institucional a sus solicitudes. Los protocolos forenses están pendientes en 41 casos. Quince familias denunciaron retrasos procesales indebidos causados por repetidos cambios de fiscales, o ausencia de análisis forenses».

ESPACIO CÍVICO Y PERSONAS DEFENSORAS

«Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH siguió documentando restricciones al espacio cívico, entre ellas marcos jurídicos restrictivos que siguen en vigor, que limitan la labor de las organizaciones de la sociedad civil, y denuncias de que las voces disidentes fueron objeto de procedimientos judiciales y administrativos arbitrarios, así como de estigmatización. La OACNUDH documentó 21 casos de amenazas y hostigamiento, 46 casos de estigmatización en medios sociales o emisiones públicas por parte de funcionarios del Estado, y 17 instancias de criminalización, incluyendo 10 casos de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil, incluyendo ocho mujeres. El ACNUDH alienta a Venezuela a redoblar sus esfuerzos para garantizar un espacio cívico abierto y pluralista».

«El ACNUDH documentó el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país. Según las organizaciones de la sociedad civil, 2022 marcó un pico sin precedentes de cierres de emisoras de radio. Al parecer, las personas propietarias y gerentes de las emisoras temían denunciar públicamente la situación. En la mayoría de los casos de cierre documentados por el ACNUDH, las emisoras carecían de los permisos correspondientes por falta de renovación o prórroga. Distintas emisoras informaron de dificultades para obtener los costosos permisos de las autoridades pertinentes, para realizar trámites administrativos en Caracas debido a la falta de oficinas regionales de registro, a la falta de respuesta o a la negativa a completar los procedimientos. Por lo tanto, las emisoras de radio a menudo no pueden cumplir con sus obligaciones legales, a pesar de sus esfuerzos. Varias emisoras habrían sustituido los programas de noticias, opinión o denuncia ciudadana por otro tipo de programación para evitar represalias de las autoridades».

«La multiplicidad de registros obligatorios puede constituir un obstáculo para el libre ejercicio de sus actividades y representar una restricción indebida del derecho a la libertad de asociación. El ACNUDH reitera que toda limitación de la libertad de asociación deberá cumplir los requisitos de legalidad, finalidad legítima, proporcionalidad y necesidad con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos».

«ACNUDH documentó 12 casos de criminalización de dirigentes sindicales y laborales, entre ellos una mujer, nueve de los cuales fueron detenidos, así como hostigamiento a siete dirigentes sindicales, secuestro de un familiar de un dirigente sindical y amenazas contra cuatro (una contra un familiar), ya sea por parte de presuntos funcionarios del Estado o de colectivos».

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