Registramos 279 presuntas muertes violentas de mujeres en 2022
INFORME ESPECIAL- Debido a la falta de publicación de cifras oficiales relativas a presuntas muertes violentas de mujeres (feminicidios) ocurridas en Venezuela, COFAVIC realiza de forma periódica e independiente un monitoreo a escala nacional desde 2017.
El presente reporte cubre el periodo correspondiente al año 2022 y fue elaborado mediante la revisión sistemática de información hemerográfica y pública procedente de más de 30 medios periodísticos y portales digitales de noticias en los 22 estados del país.
Es muy importante subrayar que los presuntos asesinatos identificados en esta investigación exigen la indagación judicial formal de parte de las autoridades, con el fin de determinar su calificación como casos de feminicidio. Esta competencia y responsabilidad no puede ser atribuida bajo ningún concepto a las organizaciones defensoras de derechos humanos que abordan el tema, ni a los medios de comunicación o mucho menos a familiares de las presuntas víctimas.
La violencia contra las mujeres está íntimamente ligada a la desigualdad y de la discriminación de género. Es causa y consecuencia, y, por tanto, prevenirla y eliminarla constituye una prioridad para la comunidad internacional, de acuerdo con lo especificado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: es necesaria “la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en las esferas pública y privada”. En este mismo orden de ideas, las conclusiones de la revisión del Noveno Informe Periódico de la República Bolivariana de Venezuela presentadas por el CEDAW en su última revisión al país en 2023 reiteraron el contexto de desigualdad y violencia de género que aún se vive en Venezuela a este respecto y, sin duda, sus recomendaciones constituyen una hoja de ruta para avanzar hacia la igualdad sustantiva y erradicar la discriminación hacia las mujeres y las niñas
2098 casos registrados entre 2017 y 2022
Entre los meses de enero y diciembre de 2022 se registraron 279 presuntos asesinatos de mujeres y niñas (feminicidios) en Venezuela; los meses de abril, julio y mayo resultaron más violentos, con 37, 34 y 33 casos respectivamente. En Venezuela se destaca como un importante fuero de impunidad, la sistemática opacidad en la publicación de cifras de carácter oficial sobre violaciones de los derechos humanos. Esta falta de publicación periódica de estadísticas estatales, desagregadas, confiables, actualizadas e integrales, relativas a las presuntas muertes violentas de mujeres (feminicidios) ocurridas en el país, ha llevado a que COFAVIC efectúe de manera independiente un monitoreo independiente a escala nacional sobre esta violación de derechos humanos que, según nuestros hallazgos, ha sido sostenida en el tiempo. Según nuestra documentación constante, en el período 2017-2022 ocurrieron 2098 casos de presuntas muertes violentas de mujeres (feminicidios) en Venezuela. Investigar, establecer responsabilidad penal y sancionar, son obligaciones intransferibles del Estado, y deben ser desarrolladas de oficio, sin dilaciones, de manera transparente, conclusiva y sin atenerse a ningún impulso de la parte afectada.
La mayoría de las muertes violentas de mujeres y niñas en este periodo correspondió al grupo cuyas edades estaban entre los 18 y los 40 años, es decir, en plenitud de edad productiva: 136 casos (49%);
Un total de 70 muertes violentas fueron ocasionadas por armas de fuego, mientras que 42 fueron consecuencia de una herida producida por un arma blanca; por otro lado, 29 mujeres murieron como resultado de una golpiza, 25 fueron víctimas de asfixia, 24 murieron por arrollamiento y 13 debido a quemaduras. Diez víctimas fueron ahorcadas, una degollada, una envenenada, una mujer fue descuartizada y otra víctima, decapitada.
De manera consecutiva, el lugar de mayor riesgo para las venezolanas resultó ser su propia casa, lo que evidencia la necesidad de que las víctimas de violencia doméstica tengan a disposición recursos efectivos para lograr protección y un acceso real a la justicia. En este periodo, 144 mujeres fueron asesinadas en su vivienda, esto es, 52% del total registrado en la data.
En las zonas urbanas donde existe el crimen organizado y las bandas delictivas ejercen control social, la exposición de mujeres y niñas aumenta significativamente, dado que, por un lado, algunas de ellas son utilizadas para cometer los delitos, otras conviven en sus comunidades con miembros de estas bandas como madres, hermanas, hijas, parejas. Las estructuras de funcionamiento de estos grupos criminales sitúa a las mujeres, niñas y adolescentes en posiciones de extrema inferioridad y subordinación. Ellas viven permanentemente con terror en estas comunidades y muchas veces buscan protección en algunos de estos grupos criminales. En su mayoría los familiares de las víctimas de este tipo de violencia prefieren abstenerse de denunciar por temor a mayores represalias o miedo a ser vinculadas a actos delictivos.
Los estados con mayor incidencia de presuntos asesinatos de mujeres durante el año 2022 fueron: Miranda con 40 casos, Carabobo con 31, Anzoátegui con 29, Distrito Capital 26 y Zulia 25.
Espacialización de la data: la curva de la violencia
Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital y Miranda se encuentran entre las regiones con los más altos números de presuntas muertes violentas de mujeres/niñas (feminicidios) registradas (superiores a 26 muertes en el año 2022)
Identificamos la existencia de una CURVA DE VIOLENCIA, es decir, una región donde se ha producido el incremento sistemático de agresiones contra mujeres con base en el género:
Curva de Violencia se define como unidad, región o extensión territorial, delimitada con base a factores o características geográficas particulares y/o comunes, y pueden referirse a puntos o ejes cardinales; por ejemplo, Región Norte, Centro, Sur, Centro Norte. Asimismo, permite llegar a síntesis regionales; esta es una metodología con fines geográficos que se entiende como la unión de los diversos temas o factores que definen a una o más regiones.
Se trata de la Región Centro Norte – Sur, territorio delimitado con base a la conexión y los altos valores de presuntas muertes violentas de mujeres registradas en las entidades federales: Carabobo, Aragua, Distrito Capital, Miranda, Anzoátegui y Bolívar (la curva de violencia concentra el 60% de las muertes). Con relación al estado Zulia, región ubicada al Occidente del país, concentra el 9% de las muertes violentas de mujeres; esta región presenta características particulares, propias y es una unidad geográfica aislada a la curva de violencia.
En lo que respecta al estado Amazonas, la data independiente sobre muertes violentas no registró casos; sin embargo, esto no indica que en la entidad federal no existan violaciones a los derechos de las mujeres/niñas amazonenses. La falta de registro puede relacionarse por la poca información, fuentes de medios, opacidad de los datos públicos y noticias de la región. También, la ubicación y el distanciamiento del estado Amazonas; situado en el sur de Venezuela, dificulta el acceso a la información pública. Según el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys), reflejó que, 6 de los 7 municipios que conforman el estado Amazonas presentan una precariedad informativa (desiertos de noticias, sin acceso a un periodismo local de calidad
1. Ampliar los servicios públicos de asistencia jurídica que cuenten con financiación suficiente para garantizar la asistencia jurídica gratuita a las mujeres sin medios suficientes en los procedimientos relacionados con la violencia de género y la discriminación contra la mujer.
2. Reforzar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, afrodescendientes, de bajos ingresos y con discapacidad, en particular abordando las barreras lingüísticas, la accesibilidad a los órganos de administración de justicia y la difusión de información sobre los recursos jurídicos disponibles para reclamar sus derechos.
3. Asegurar el funcionamiento efectivo de la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y nombrar a sus miembros de manera transparente, incluyendo la participación de representantes de la sociedad civil
4. Adoptar y cumplir las leyes para poner fin a la impunidad, juzgar a los culpables de violencia contra las mujeres y las niñas, y otorgar reparaciones y soluciones a las mujeres por las violaciones de que fueron víctimas, teniendo en cuenta un criterio interseccional.
5. Aprobar un plan de acción nacional sobre la violencia contra la mujer e incorpore medidas específicas para combatir todas las formas de violencia, incluidas las nuevas formas de violencia en línea que afectan a las mujeres.
6. Establecer un sistema de reunión de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados en función del tipo de violencia, si existía alguna situación de vulnerabilidad, si la víctima pertenece a un grupo específico, la relación entre los autores y las víctimas, y sobre el número de denuncias, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas a los autores, así como sobre las reparaciones concedidas a las víctimas
7. Crear planes nacionales de acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que involucren al gobierno, a las organizaciones de mujeres y a otras organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector privado en un frente coordinado y colectivo que luche contra dichas violaciones de los derechos humanos.
8. Adoptar e implementar capacitaciones y cursos, de carácter permanente y obligatorio, para funcionarios públicos que, con motivo de su rol dentro del sistema de administración de justicia, estén en contacto, trabajen o intervengan en casos de violencia contra las mujeres. Dichas capacitaciones y cursos deberán abordar los estándares de debida diligencia en la investigación y enjuiciamiento de estos casos y, especialmente en casos de violencia sexual contra las mujeres, así como la cuestión relativa a las medidas de protección a la víctima durante la sustanciación de estos procesos.
9. Difundir, crear conciencia y sensibilizar a la comunidad sobre la desigualdad y la violencia dentro de la familia y el entorno cercano a la mujer (trabajo, escuela, entre otros) con la intención de fomentar una cultura de respeto y cooperación entre mujeres y hombres.
10. Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas, brindándoles servicios jurídicos y especializados gratuitos, y aumentando la cantidad de mujeres en los cuerpos de policía y en los principales servicios.
