Declaración: Cofavic ante el caso de la defensora Rocío San Miguel
Desde COFAVIC queremos expresar nuestra preocupación por la integridad personal de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y de los miembros de su familia luego de conocerse su detención arbitraria, la cual se da en un contexto marcado por distintas formas de amenazas y agresiones a quienes defienden derechos humanos en Venezuela.
De acuerdo al monitoreo independiente sobre ataques a personas defensoras de DH en el país que lleva COFAVIC, durante el periodo 2018-2023, se han registrado 2.227 ataques, siendo los últimos 3 años, donde se han producido el mayor número de casos.
Dentro de este monitoreo se han podido detectar patrones muy graves que configuran violaciones al derecho a defender derechos reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Se han registrado eventos como: amenazas, campañas de descrédito y estigmatización, ataques y allanamientos a sedes de organizaciones, restricciones a actividades de exigencia de derechos, interceptación de comunicaciones y sitios web de organizaciones, seguimiento, censura, cierre de espacios, agresiones físicas y verbales, detenciones arbitrarias, torturas y el uso de la desaparición forzada como mecanismo para aislar, intimidar y reducir a quienes son víctimas.
En este mismo monitoreo hemos podido registrar un aumento en el número de casos donde las mujeres defensoras son las principales víctimas.
Desde COFAVIC queremos expresar que la desaparición forzada constituye uno de las más graves y crueles violaciones a los derechos humanos. Ha sido empleada a lo largo de la Historia para generar incertidumbre acerca del paradero de la víctima, sobre su integridad personal, su vida, para provocar intimidación, para reprimirle, para impedirle su trabajo.
En este delito la víctima queda en completa indefensión, sin protección, acarreando otras violaciones de derechos humanos conexas. La manera como fue detenida arbitrariamente la Dra. San Miguel y miembros de su familia coinciden con un patrón que las organizaciones de derechos humanos hemos documentado y que la ONU muy bien ha descrito.
El aislamiento prolongado y la incomunicación a la que se ha sometido a la defensora Rocío San Miguel y su familia, representan formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas a la libertad psíquica y moral de la persona.
Este tipo de acciones tiene un impacto en las víctimas, en sus familiares, en sus colegas, en las víctimas que ha acompañado, pero más grave aún, tiene un impacto en la sociedad:
Sostenemos que la situación a la que está siendo sometida la Dra. San Miguel genera un efecto intimidatorio y busca destruir la confianza de la ciudadanía. Este patrón:
-Quebranta el tejido social.
-Promueve la deshumanización.
-Infunde miedo y terror.
-Genera polarización e incertidumbre.
Este tipo de violencia va socavando la relación que los sujetos mantienen con el Estado y sus instituciones como garantes y protector de sus derechos.
La legislación internacional considera que la desaparición forzada y la detención arbitraria bajo un patrón sistemático y generalizado, son delitos contra la humanidad y por lo tanto tiene un carácter imprescriptible.
Solicitudes:
- Adoptar sin dilación de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad, la integridad física y el bienestar psicológico de Rocío San Miguel y la de sus familiares;
- Revelar inmediatamente la suerte y el paradero de Rocío San Miguel y la de sus familiares;
- Permitir el acceso a sus abogados de confianza y proteger todas las garantías judiciales de la Dra. San Miguel y los miembros de su familia.
- Liberar inmediata e incondicionalmente a Rocío San Miguel, a sus familiares, y a todas las personas defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente en Venezuela;
- Poner fin de forma inmediata a todos los ataques, actos de criminalización, intimidación, hostigamiento y desprestigio en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, y a tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas en Venezuela, de acuerdo con los estándares internacionales y regionales de derechos humanos.
