A 33 años del 27 de febrero de 1989
El aniversario del Caracazo es también el aniversario de la fundación de COFAVIC. La represión del Estado desencadenada en febrero y marzo de 1989 propició que las familias de las víctimas coincidieran a las puertas de la morgue y hospitales públicos, lo que constituyó el germen de la fundación de nuestra ONG.
Lo sucedido en 1989 constituye el principal hito en la historia contemporánea de Venezuela, no solo por la manifestación del descontento social de ese momento sino, sobre todo, por la brutal represión que las fuerzas del Estado aplicaron contra la población civil y desarmada.
Lo que convirtió al Caracazo en una tragedia fue la masacre realizada por los agentes de seguridad ciudadana, especialmente, durante los horarios de toque de queda decretados por el gobierno nacional. Disparos indiscriminados contra las viviendas, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, fueron practicados por las autoridades sin ningún tipo de respeto a la vida e integridad de las personas, y esto condujo a un número aún sin determinar de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Yris Medida, Maritza Romero, Hilda Páez, Aura Liscano y la entonces estudiante de Derecho, Liliana Ortega empezaron a coincidir en los días posteriores al 27 y 28 de febrero de 1989, en diferentes espacios donde concurrían las familias de las víctimas en búsqueda de los cuerpos asesinados. Así fue como un grupo de víctimas se unió a activistas sociales y abogados, y coincidieron en la idea de crear un comité de familiares que pudiese ejercer presión colectiva ante el Estado, con el fin de que este reconociera los excesos y propiciara la identificación y localización de los cadáveres. Unidas en COFAVIC, las fundadoras de la ONG iniciaron un proceso gradual de aprendizaje y crecimiento, en un contexto donde se conocía poco sobre derechos humanos, hasta consolidar la que hoy constituye una de las organizaciones no gubernamentales históricas con mayor experiencia, impacto social y reconocimiento nacional e internacional.
UNA SENTENCIA, UNA DEUDA PENDIENTE
En 1999 las fundadoras de COFAVIC acudieron a la justicia internacional debido al estancamiento del caso en los tribunales nacionales. Fue así como llevaron al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lograron sentencia a favor de las víctimas. Este Tribunal ordenó, entre otras reparaciones, entregar a las familias los cuerpos de las personas desaparecidas, y reformar el sistema de seguridad ciudadana para evitar repetir el uso desproporcionado de la fuerza pública.
Con el caso Caracazo, comenzó la labor de litigio estratégico que ha caracterizado la gestión de COFAVIC a lo largo de tres décadas y tres años, y ha permitido a la organización lograr justicia contra el Estado venezolano en siete casos representativos de violaciones a derechos humanos.
A 33 años del 27 de febrero de 1989 y el resto de días de febrero y marzo sacudidos por la violencia estatal, las condiciones de seguridad ciudadana mantienen su deterioro, lo cual está reflejado en la grave de cifra de 13 208 casos de ejecuciones extrajudiciales desde 2012, y en la activación de mecanismos internacionales para advertir al Estado sobre la violación sistemática de DDHH, entre estos, la Misión de Determinación de Hechos. Esta es la razón principal por la cual Liliana Ortega, cofundadora de COFAVIC, insiste en que “el Caracazo no es un asunto del pasado sino del presente en Venezuela, y del futuro. La sentencia emitida por la Corte IDH es la indiscutible hoja de ruta para que se puedan llevar a cabo planes de seguridad ciudadana sin vulnerar el derecho a la vida y a la integridad personal de la población civil”.
A qué se dedica COFAVIC
Con nuestro enfoque psicojurídico hemos acompañado a las víctimas de casos graves como las familias de personas desaparecidas durante el Deslave de Vargas y por el caso Retén de Catia, así como ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado contra ciudadanos y personas defensoras, como Luis y Néstor Uzcátegui, Familia Barrios, casos Jimmy Guerrero y Ramón Molina, y violencia de género como la sentencia clave de la Corte IDH en el caso de Linda Loaiza López Soto, y a quienes han sufrido la pérdida de sus seres queridos por la violencia estatal causante de desapariciones forzadas y más de 13 000 ejecuciones extrajudiciales desde 2012 al presente.
Desde nuestra fundación en 1989, hemos desarrollado experticia en la orientación y asesoría de personas o familiares de personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes así como violencia contra las mujeres.
El equipo de profesionales está formado por personas con amplio conocimiento y experiencia en defensa legal de violaciones a derechos humanos, atención psicosocial de víctimas y familiares.
